Por una parte, se difundió aquí que la justicia brasleña invalidó las informaciones obtenidas de sistemas informáticos encriptados de la empresa Odebrecht usadas como pruebas de sustento a declaraciones de testigos contra el expresidente nacionalista Ollanta Humala (2011-16) y su esposa, Nadine Heredia.
Además, el Poder Judicial fijó para el 11 de septiembre próximo el inicio del juicio contra el neoliberal expresidente neoliberal Alejandro Toledo (2001-2006), extraditado de Estados Unidos y encarcelado en abril pasado, por la recepción de sobornos de Odebrecht y otras empresas brasileñas por 32 millones de dólares.
Según el abogado de Humala, Julio César Espinoza, la medida de la justicia brasileña es “una herida letal” para los fundamentos de la Fiscalía contra los Humala-Pareja, a lo que se suma que los ejecutivos de Odebrecht han dado señales de desistir de ratificar sus declaraciones anteriores en el juicio a Humala.
Tanto Espinoza, como otro defensor de la pareja, Wilfredo Pedraza, destacan el hecho de que los acuerdos de colaboración de Odebrecht con la Fiscalía deben ajustarse a lo que estipule el Poder Judicial brasileño, como la invalidación de las pruebas.
Sin embargo, abogados opositores a Humala argumentan que hay otras pruebas contra Humala y pueden validarse declaraciones de Odebcrecht formuladas en Perú sobre la entrega de tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral de mencionado expresidente.
Pedraza añadió que la acusación tampoco tiene evidencia alguna del supuesto aporte de fondos electorales originados en las arcas fiscales venezolanas, para el exmilitar peruano, cuyo juicio se prevé dure aproximadamente dos años.
La invalidación de la información encriptada de cuentas de Odebrecht que consignan los pagos encubiertos también al exgobernante neoliberal Alan García -quien se suicidó para evitar su detención-, no afectará por otra parte el juicio a Toledo, que también será prolongado.
La Fiscalía tiene sólidas pruebas en su contra, como la confesión del ex agente de inteligencia israelí nacido en Perú, Yosef Maiman, quien antes de morir confesó que fue el intermediario de los sobornos y lo demosttró con documentos financieros.
La Fiscalía está además pendiente de la respuesta judicial a su pedido de ampliar por otros 36 meses el plazo de la investigación preparatoria a Heredia y Humala por otro caso, el contrato cuestionado con Odebrecht para la construcción de un gasoducto.
El pedido fue planteado pese a que las pesquisas preliminares del caso se iniciaron en 2017 y las preparatorias en 2020 y la empresa niega haber pagado un soborno por esa obra, a la postre anulada.
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