“No procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo”, señala el dictamen tras ocho meses de pesquisas.
Los campesinos Everardo Orellana, Marlin Torres, Charly Aliaga, René Triveno, Lorenzo Navarro, Isaías Galindo, Isaacc Quispe, Epifanio Villano, Félix Sicha, Rosendo Ramirez Hilario Nauto y Rony Ramos, quedaron así liberados de las prolongadas y estériles pesquisas.
Ellos formaban parte de los labriegos que en diciembre de 2022 llegaron a Lima y los 10 estaban alojados en el local que comparten la Confederación Campesina de Perú (CPP) y el Movimiento Nuevo Perú, en el centro de Lima.
El local fue allanado por más de 50 policías al mando del entonces titular de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), general Óscar Arriola, quien presentó como pruebas de sus sospechas sobre los campesinos bolsas de piedras y machetes, según reporteros, evidentemente recién comprados.
El alto oficial es calificado por sus críticos como “terruquero”, localismo que define a quienes acusan en falso de terroristas a dirigentes y militantes de izquierda y progresistas.
Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la decisión de la Fiscalía “evidencia que la intervención de la DIRCOTE fue completamente arbitraria y una medida de amedrentamiento a la ciudadanía movilizada, campesinos y pueblos indígenas” contra el Gobierno.
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