El magistrado, Leodán Ayala, aceptó así parcialmente el pedido de la Fiscalía de extender las investigaciones por otros 36 meses, igual que el plazo adicional expirado ayer e iniciado en 2020.
La pesquisa a los Humala–Heredia continuará así hasta el 17 de febrero de 2025 y las indagaciones preliminares comenzaron en 2017, lo que fue criticado por los abogados de la pareja, que se opusieron a la prórroga.
El fiscal, a su vez, alegó que necesitaba más tiempo porque el caso es altamente complejo y para realizar diligencias pendientes, como un peritaje contable y procesar 133 dispositivos electrónicos incautados en allanamientos a los involucrados.
La causa está referida a un contrato con la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de un gasoducto, a la postre anulado antes de su ejecución, y por el que la compañía niega haber pagado sobornos, los que sí reconoce hizo en el gobierno de Humala y otros, además de realizar aportes electorales.
Las pesquisas incluyen a los exministros del gobierno de Humala (2011-16) Milton Von Hesse, Juan Manuel Benítez, Eleodoro Mayorga, Luis Miguel Castilla y Wilfredo Pedraza, así como a otros 27 involucrados.
Entretanto, continúa la polémica entre juristas peruanos sobre la suerte de otro proceso a Humala por el presunto aporte a su campaña electoral por Odebrecht de tres millones de dólares.
La discusión gira en torno posibilidad de que se anulen como prueba de cargo los registros obtenidos de archivos informáticos encriptados de Odebrecht que consignan el aporte que el exmandatario nacionalista niega.
Los abogados de Humala y otros letrados aseveran que así debe ser, pues los acuerdos entre la Fiscalía y Odebrecht establecen que el uso de las pruebas de cargo aportadas por la empresa deben ceñirse a las decisiones de la justicia brasileña, que declaró ilegítimas las obtenidas de los archivos .
Juristas conocidos por su oposición a Humala sostienen que el veto no puede aplicarse a las declaraciones de Odebrecht ni imponerse al Poder Judicial de Perú.
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