En la convocatoria de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, a la que tuvo acceso Prensa Latina, se precisa que ese pacto es ilegal, criminal y vendepatria, al tiempo que exigen a los legisladores a no incurrir en un acto de alta traición.
Ese convenio entre el Ejecutivo y la compañía extractora de cobre entre otros minerales estratégicos en Donoso (Colón), filial de la trasnacional canadiense First Quantum, es sometido este lunes a las deliberaciones de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la AN.
El pasado 3 de agosto, el ministro de Comercio e Industrias Federico Alfaro presentó el proyecto ante el plenario y resaltó que un 50 por ciento de los fondos que se recibirán –unos 375 millones de dólares anuales- serán entregados al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social para elevar el monto de las pensiones.
También habrá aportes para tres corregimientos aledaños en las provincias de Coclé y Colón.
Después de su discusión en la Comisión de Comercio, que preside el diputado Roberto Ábrego, del gobernante Partido Revolucionario Democrático, el contrato pasará a la plenaria que no puede modificar ese texto, solo aprobarlo o rechazarlo.
Para ambientalistas y decenas de colectivos de la sociedad civil, un problema es la situación financiera del IVM, cuyos recursos se agotarán para poder cumplir con el pago de las jubilaciones; y otro es el problema de bajas pensiones mínimas de muchos jubilados.
De cara a comicios generales de 2024, los movimientos populares también alertaron que los políticos tradicionales están en la búsqueda de recursos para financiar su campaña mediante el clientelismo.
En ese sentido, señalan, no escatiman escrúpulos para aprobar un proyecto tan lesivo para los panameños a cambio de estos fondos.
El experto en política internacional Julio Yao aseveró a la prensa que los diputados tienen la obligación de hacer cumplir las leyes, tanto a empresas como a gobiernos, y que estas sirvan para atender necesidades y no para resolver problemas financieros a las compañías, los cuales no son superiores a la soberanía.
Por su parte, el analista Rafael García, del diario Bayano Digital, señaló que la empresa extractivista sustrae los minerales existentes con un amplio beneficio económico que el Gobierno le garantiza a través de mecanismos de exoneración, concesiones y protecciones.
En el camino, la República de Panamá cede derechos soberanos en la administración de tierras y espacio aéreo, además de autorizar el uso, retención y desvío de las aguas requeridas para la operación industrial, aun cuando ello afecte la seguridad del consumo humano y el funcionamiento del Canal, agregó.
Al respecto, afirmó que en este documento no ve los criterios de soberanía y seguridad ambiental comprometidos con el derecho a la vida de la nación panameña, menos aún la lógica económica.
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