Los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2014-2019),Luis Enrique y Ricardo Alberto, aparecían entre los implicados en este juicio, pero al ser juramentados recientemente en el Parlamento Centroamericano como diputados suplentes se produce la llamada ruptura procesal y estos serán investigados por la Corte Suprema de Justicia.
El tribunal, a cargo de la jueza Baloísa Marquínez, analizará las pruebas dentro de la causa relacionada con la supuesta comisión de los delitos contra la fe pública (falsificación de documentos), contra la seguridad colectiva (asociación ilícita), contra la administración pública (corrupción de servidores públicos) y contra el orden económico (blanqueo de capitales).
El 16 de noviembre de 2021, Marquínez decidió llamar a juicio a dos imputados por corrupción, otras 11 personas por presunta asociación ilícita y 26 ciudadanos que son investigados por blanqueo de capitales.
También aparecen en este caso el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez; el exgerente de Factor Global Inc, Joaquín Rodríguez; y el representante legal de la sociedad Blue Apple, Federico Barrios, entre otros.
Esta investigación, que consta de 352 tomos, se inició el 30 de octubre de 2017 y tiene relación con una red de corrupción integrada por funcionarios, empresarios y abogados, que supuestamente solicitaban comisiones a contratistas para la adjudicación de licitaciones con el Estado.
Por este caso ya el juzgado dictó una sentencia de 10 años de prisión contra Adolfo de Obarrio, secretario privado de Martinelli.
Según la jueza, se probó que había tres esquemas para blanquear los dineros: sociedades anónimas para la compra y venta de bienes inmuebles; intermediarios financieros; y el uso de cuentas de recaudación.
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