La lista incluye al jefe del Estado Mayor de la importante Primera Región del Ejército, con sede en la ciudad norteña de Piura, general Henry Acosta, al presidente del parlamento, Alejandro Soto, y al exministro de Trabajo Luis Adrianzén.
Acosta es investigado por la venta a comerciantes de combustible destinado a las operaciones de resguardo de los colegios electorales y el traslado de material para los comicios municipales de octubre de 2022 y los complementarios de diciembre del mismo año.
Junto a Acosta fueron apresados para ser investigados preliminarmente por siete días el teniente coronel Andrés Eneque Solano, los mayores Sarita Cornejo Sangama, Marco Ramos y Luis Romero Guillén y el capitán Manuel Antón Castro.
Igualmente los suboficiales Fernando Gómez, Miguel Zurita y Marco Castillo, además del civil David Aguilar, en la ciudad norandina de Cajamarca y comprador del combustible desviado.
La operación de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), ordenada por un juez, requirió el allanamiento de la residencia del jefe del Estado Mayor del Ejército, en Piura.
Fueron allanadas además la Escuela de oficiales del Ejército, en Lima, y la 32 Brigada de Infantería del Ejército, en la también norteña ciudad de Lambayeque y otros locales y se incautaron ordenadores, dispositivos de memoria, documentos y dinero.
El Comando del Ejército emitió tras la operación un comunicado en el que expresa que colabora con la Fiscalía brindándole plenas facilidades y asegura que mantiene “el compromiso de trabajar honestamente y con transparencia y respeto” a la ley.
De otro lado la Fiscalía inició hoy una investigación al presidente del Congreso, Alejandro Soto, por posible delito de concusión, tras revelarse que usó funcionarios de su despacho para que lo defiendan, encubiertos en redes de Internet, de las graves acusaciones de ocultamiento de antecedentes judiciales negativos, entre otras.
Bancadas de oposición pidieron al pleno parlamentario la censura (destitución) de Soto, pero lo mantienen en el cargo las bancadas de derecha del Legislativo.
La Fiscalía investga además al exministro Adrianzén por autorizar el pago de 41 millones de soles (más de 11 millones dólares) a una empresa proveedora de material médico, pago que estaba congelado porque la entrega no se había hecho a tiempo.
Adrianzén renunció en abril pasado, tras revelarse la operación, por la que fue interrogada también la presidenta Dina Boluarte, debido a que una de sus asesores intercedió por el pago indebido, y la mandataria solo reconoció que conocía ligeramente el tema.
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