De acuerdo con el comunicado del colectivo que dirige Daniel Brea, los legisladores por amor a la Patria deberían frenar la intención de imponerle al país un pacto lesivo a los intereses nacionales.
El contrato es violatorio de nuestra soberanía y desconocedor de disposiciones constitucionales y legales que obligan al Gobierno a someter cualquier contratación a licitación pública, tal como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia en 1997, precisa el texto.
Para esta organización política, el nuevo contrato de concesión para la explotación minera, contiene cláusulas inaceptables, entre ellas destinar fuera del territorio una tina de deslave que pone en peligro de contaminación a ríos, flora y fauna.
De igual manera, consideraron la consulta popular como una burla y cuestionaron que no se haya exigido a la concesionaria un nuevo Estudio de Impacto Ambiental.
También rechazaron que el Estado ceda su espacio aéreo del área concesionada a la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, lo que representa una renuncia a la soberanía.
De otra parte el PP planteó que se ha pactado una concesión a 20 años, con derecho a sucesivas renovaciones perpetuas, hasta agotar la existencia de metales en la mina, además de dejar abierta la posibilidad de que la empresa pueda solicitar al Ejecutivo la concesión de nuevas tierras fuera del área de concesión y este recurra a expropiación de terrenos a campesinos y ganaderos para satisfacer esta exigencia.
El lunes pasado, movimientos populares y ambientalistas se manifestaron en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (parlamento) para rechazar el contrato y exigir a los diputados que lo desestimen, caso contrario se mantendrían vigilantes en las calles.
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