El defensor de las familias de víctimas de las operaciones policiales y militares contra las manifestaciones iniciadas en diciembre de 2022, hizo la declaración al señalar que ese aspecto de las investigaciones de la mandataria no se afecta si se anulan las pesquisas de la Fiscalía sobre el cargo de genocidio.
El archivo de las pesquisas fue solicitado por el abogado de Boluarte, Joseph Campos, quien alega que el caso no califica como genocidio y no hay evidencia de que su defendida diera ninguna orden que propiciara las muertes.
Rivera explicó que hay evidencias de muertes que califican como ejecuciones judiciales en las regiones sureñas de Apurímac, Ayacucho, Junín y sobre todo en Puno, bastión de las protestas, además del caso en Lima de un manifestante muerto por una bomba lacrimógena disparada por un policía a corta distancia.
Refirió que las pruebas se fundamentan en testimonios, evidencias forenses, exámenes médicos y pericias balísticas. En el caso de Lima, hay en el caso de Víctor Santisteban”, dice Carlos Rivera, abogado de las víctimas.
Las evidencias, dijo, demuestrn que los uniformados dieron muerte a manifestantes con disparos a distancia, es decir sin que los manifestantes fueran una amenaza
“Las pericias balísticas, los exámenes médicos, los protocolos de necropsia son lo más contundente y también hay videos”, aseveró el abogado que participó como parte civil en el juicio en el que el exgobernante Alberto Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
“Las muertes no se dieron en enfrentamientos, sino por una decisión arbitraria e intencional de dañar”, aseveró, al señalar que organizaciones internacionales de derechos humanos afirman, tras indagaciones en Perú, que hubo ejecciones extrajudiciales.
Boluarte y varios de los ministros que tenía durante los vilolentos sucesos son investigados por homicidio calificado y lesiones graves.
Rivera aseveró que tras las muertes, la presidenta defendió la actuación policial alegando que las protestas eran manejadas por terroristas y premió con bonos salariales a los policías que participaron en la represión.
El diario La República anotó que la mandataria alegó ante la fiscalía que no estaba informada de los planes y operaciones militares y policiales, pero el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez de la Torre, declaró que le informaba constantemente al respecto.
Durante las protestas murieron 49 civiles por armas de fuego en disturbios, a los que se sumó recientemente un joven manifestante, en Cusco, por las heridas causadas por una descarga de perdigones de la Policía.
mem/mrs
