La jueza Baloisa Marquínez encabezó la audiencia contra 26 imputados por blanqueo de capitales, con excepción de los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2014-2019) ,Luis Enrique y Ricardo Alberto, quienes al ser juramentados como diputados suplentes en el Parlamento Centroamericano su expediente pasó a la Corte Suprema de Justicia.
El tribunal comenzó con los testimonios de fiscales, la defensa y algunos testigos relacionados con la supuesta comisión de los delitos contra la fe pública (falsificación de documentos), contra la seguridad colectiva (asociación ilícita), contra la administración pública (corrupción de servidores públicos) y contra el orden económico (blanqueo de capitales).
Este proceso penal guarda relación con hechos acontecidos en 2017 y hacen referencia a la sociedad anónima Blue Apple, que presuntamente fue creada por varios ciudadanos para “disfrazar o blanquear dinero” supuestamente obtenido de coimas y sobornos que recibieron en su momento.
La investigación, que consta de 352 tomos, se inició el 30 de octubre de 2017 y tiene relación con una red de corrupción integrada por funcionarios, empresarios y abogados, que supuestamente solicitaban comisiones a contratistas para la adjudicación de licitaciones con el Estado.
En la semana también tuvo lugar la IV reunión ordinaria de las conferencias regional y sudamericana sobre migraciones, para tratar el auge de esos flujos por la selva de Darién -en la frontera de Panamá con Colombia- rumbo a Estados Unidos.
Sobre el tema, el vicecanciller del país istmeño, Vladimir Franco, explicó a Prensa Latina que en esa cita se aprobó una nueva campaña de comunicación “Darién no es una ruta, es una jungla” para enfatizar en los peligros que enfrentan los viajeros engañados por redes de traficantes de personas.
Son cuantiosos los daños ocasionados al medio ambiente de ese territorio patrimonio natural y referente de la biodiversidad , además de las afectaciones a los pobladores sobre todo de las etnias Emberá y Guna, a su cultura y comunidades que son invadidas por miles de caminantes ilegales, remarcó.
Por su parte, el director de comunidades peruanas en el exterior y de asuntos consulares, quien además ostenta la presidencia por tempore de la CSM , Alberto Farjé, destacó que en el foro se logró aprobar la creación del Observatorio de Movilidad Humana que permitirá con estadísticas puntuales, identificar mejor a los países emisores y las causas, que son diversas.
Autoridades migratorias panameñas han alertado recientemente que hasta el 17 de agosto último más de 294 mil personas, de ellas cinco por ciento de menores, habían cruzado la peligrosa jungla, número muy superior a las 248 mil que lo hicieron en todo el año pasado y las 133 mil 726, de 2021.
La propia directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, indicó a la prensa que la realidad sobrepasa a las autoridades y afirmó que Panamá se ha quedado solo con este tema, al tiempo que solicitó que todos los países del continente sean parte del trabajo.
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