La audiencia, que encabeza la jueza Baloisa Marquínez, dilucida el desembolso de 80 millones de dólares que siete empresas que construían puentes, calles y viviendas para el Estado confesaron haber tenido que pagar en coimas durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014)
Los pagos por sobornos se repartían en un entramado de sociedades anónimas cuyo centro era la cuenta Blue Apple.
La pasada semana comparecieron 11 personas, la última de ellas el perito Eliseo Ábrego, que habló sobre todo del papel del exministro de Obras Publicas José Suárez.
Ábrego, recordado por haber desenmarañado el flujo de los millones del Estado que según la justicia, el expresidente Martinelli usó para comprar la editora Panamá América, tendrá que continuar este lunes, cuando responderá al interrogatorio de otros cinco abogados.
Según las cuentas de la Fiscalía, todavía faltarían cinco testigos en subir al estrado, entre ellos Federico Barrios, responsable de la cuenta Blue Apple; y Mauricio Cort, un abogado español que en Madrid la Justicia ha identificado como presunto testaferro de los Martinelli en otros escándalos.
La jueza Marquínez ya advertió que en cuanto se agote la lista de testigos pasará a la etapa final: los alegatos.
El Ministerio Público solicitó 10 horas para explicar las culpas de cada uno de los imputados con excepción de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del exgobernante, recientemente juramentados en el Parlamento Centroamericano por lo que su caso fue transferido a la Corte Suprema de Justicia.
El 16 de noviembre de 2021, Marquínez decidió llamar a juicio a dos imputados por corrupción, otras 11 personas por presunta asociación ilícita y 26 ciudadanos que son investigados por blanqueo de capitales.
Esta investigación, que consta de 352 tomos, se inició el 30 de octubre de 2017 y tiene relación con una red de corrupción integrada por funcionarios, empresarios y abogados, que supuestamente solicitaban comisiones a contratistas para la adjudicación de licitaciones con el Estado.
Por este caso ya el juzgado dictó una sentencia de 10 años de prisión contra Adolfo de Obarrio, secretario privado de Martinelli.
Según la jueza, se probó que había tres esquemas para blanquear los dineros: sociedades anónimas para la compra y venta de bienes inmuebles; intermediarios financieros; y el uso de cuentas de recaudación.
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