La fecha fue recordada en vigilias realizadas en Lima, en el memorial “El Ojo que Llora” -monumento en homenaje a las víctimas-, y en la ciudad surandina de Ayacucho, capital de la región del mismo nombre donde desató sus acciones el grupo armado Sendero Luminoso y donde se cometieron más violaciones de derechos humanos.
También hubo foros de reflexión sobre el documento y sus recomendaciones, en gran parte incumplidas por los diversos gobiernos durante las dos décadas transcurridas.
La Coordinadora Nacional de organizaciones de Derechos Humanos deploró que, pese a las recomendaciones de justicia y paz del referido informe, “graves violaciones a los derechos humanos se han repetido, llamándonos a repensar la democracia que intentamos construir”.
“El balance es que continúa el doble escándalo. El del asesinato, la masacre, las ejecuciones extrajudiciales y el escándalo de la indiferencia e indolencia de quienes pudiendo evitar que estos hechos dolorosos se produzcan, no solo no lo hacen, sino que los justifican”, aseveró en un comunicado.
Agregó que a las 70 mil vidas perdidas en aquellos años y a la esterilización forzada de cientos de mujeres pobres e indígenas de la década de los 90 del siglo pasado, se sumaron en los últimos años 200 mil muertes por la Covid-19 “debido a la corrupción y la ineficiencia del Estado”.
“Continúa también el racismo y la discriminación, una de las causas estructurales de la violencia y crueldad en las décadas de terror; autoridades civiles y fuerzas del orden usan discursos de odio, el miedo y el ‘terruqueo’ (calificar de terrorismo a las protestas)”, sentenció.
Deploró la escasa aplicación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, a pesar de su potencialidad para construir una sociedad inclusiva y solidaria y condenó “la violencia, los discursos de odio, el ‘terruqueo’ (llamar terrorismo a la protesta), el racismo y la discriminación”.
Por otra parte, la Asociación de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos de Perú (Anfasep) pidió que se haga justicia a sus parientes víctimas de la represión de los años de conflicto.
La misma organización manifestó su indignación y rechazo a la decisión de la Coordinadora de Fiscalías de Derechos Humanos de desactivar el grupo especial investigador de las detenciones del cuartel “Los Cabitos” de Ayacucho, centro de torturas y desaparición de detenidos durante el conflicto interno.
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