En su más reciente comunicado, la organización integrante también de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, demandó justicia y dignidad frente al pacto suscrito por el Ejecutivo y Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, texto a debate en una comisión del Legislativo.
“Este gobierno regala a la empresa una concesión por cuarenta años prorrogable y le entrega 13 mil hectáreas del territorio nacional, además de cederle la potestad de construir y operar puertos, cobrando las tarifas que ella decida como si fuera dueña de la nación istmeña», subraya el mensaje.
Asimismo cuestiona que el contrato crea un régimen especial de contratación de mano de obra con sede en la ciudad de Penonomé (Coclé), lo cual sustituye de sus competencias a la Dirección General de Trabajo de la provincia de Colón, además de establecer una oficina pública para atender las relaciones entre obreros y concesionaria.
En ese sentido, la CNTP instó a todos sus miembros a continuar esta lucha en las calles para que los diputados no aprueben el leonino contrato que afecta al pueblo panameño, subraya el comunicado.
Otros colectivos como la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), Convergencia Sindical, la Federación Auténtica de Trabajadores y ambientalistas del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, se concentrarán como hace una semana frente a las instalaciones de la AN para denunciar las ilegalidades de este proceso.
Los protestantes recordaron antes a la opinión pública que ese contrato fue declarado anticonstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
La minería metálica a cielo abierto como en la explotación de cobre, oro y otros minerales de Donoso ha causado y causa severos daños ambientales y a la salud de las personas en una zona que será devastada casi 15 veces más que la superficie arrasad por la bomba atómica lanzada por Estados Unidos en Hiroshima Japón) en 1945, precisó una convocatoria a la manifestación.
El pasado 3 de agosto el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, presentó el proyecto ante el plenario legislativo y resaltó que un 50 por ciento de los fondos que se recibirán – unos 375 millones de dólares anuales- serán distribuidos al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, para elevar el monto de las pensiones.
También habrá aportes para tres corregimientos aledaños en las provincias de Coclé y Colón.
Después de su discusión en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, que preside el diputado Roberto Ábrego, del gobernante Partido Revolucionario Democrático, el contrato pasará al pleno legislativo. La Asamblea no puede modificar ese texto, solo puede aprobarlo o rechazarlo.
Para ambientalistas y decenas de colectivos es la situación financiera del programa de IVM, cuyos recursos se agotarán para poder cumplir con el pago de las jubilaciones y otro es el problema de bajos por ingresos las pensiones mínimas de muchos jubilados.
De cara a comicios generales de 2024, los movimientos populares también alertaron que los políticos tradicionales están en la búsqueda de recursos para financiar su campaña mediante el clientelismo.
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