Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Panamá
El ministro de Seguridad Juan Manuel Pino explicó que se trata de una de las diversas medidas, muchas de ellas aún por anunciarse, incluso se habló de mayores controles en esa frontera natural con Colombia, pero sobre todo exigir mayor compromiso con el enfrentamiento al flagelo por organismos internacionales y de las naciones emisoras, de tránsito y de destino.
Los migrantes utilizan la inhóspita vía de la selva para el cruce hacia Costa Rica, pero desinformadas de los peligros y riesgos a los que se someten, en su mayoría engañados por mensajes de éxito en las redes sociales y de los coyotes o traficantes de personas que los extorsionan.
CIFRAS PREOCUPANTES
En lo que va de 2023, han transitado por la selva de Darién poco más de 320 mil migrantes, con un elevado por ciento de menores de edad, en su mayoría venezolanos, haitianos y ecuatorianos, según estadísticas oficiales.
El Servicio Nacional de Migración (SNM) precisó en su más reciente informe que la preocupante cifra de 2023 ha dejado atrás las 248 mil 284 personas que cruzaron la jungla el año pasado y las 133 mil 726 de 2021.
La titular del SNM, Samira Gozaine, opinó al respecto que el auge de esos flujos impacta de manera negativa en el Parque Nacional, pues Darién es un pulmón natural que está siendo devastado y ya existe un serio problema ambiental.
También comentó que es preocupante la cantidad de infantes que requieren de atención en los refugios. Agregó que no hay nada de “humanitario” en permitir ese flujo irregular de seres humanos que sufren violaciones, les roban y los violentan, “nos hemos quedado solos”, remarcó.
Gozaine explicó que en el año 2016 se reportó el paso de casi 25 mil 500 migrantes irregulares y para finales de este año hay una proyección de medio millón de personas.
Para la experta, no se trata de una movilidad humana forzada…sino que le venden a personas el sueño americano y les dicen que es fácil pasar de frontera a frontera, porque están protegidos por derechos humanos muy mal entendidos y que los países no los podemos detener.
Acerca del impacto de la crisis migratoria para las comunidades originarias residentes en la selva, indicó que ya no se dedican a sus labores habituales, porque roban a los migrantes.
“Los niños llegan a su escuela con al menos 50 dólares porque les pagan un dólar por cargar cosas de un lado al otro. En esos pueblos los migrantes duermen y hacen sus necesidades en la calle. Cuando realizamos operaciones en la provincia de Chiriquí, hemos visto a estas personas en los semáforos con una actitud violenta. Hay una situación de inseguridad”, apuntó.
Panamá es el único país, destacó, que no les cobra a estas personas y que los organismos internacionales le exigen.
Por otra parte, consideró que para hacer un alto real o por lo menos contener o ayudar a los viajeros, se requiere que todas las naciones se involucren, sobre todo Colombia.
“Los organismos internacionales nos quieren organizar y decirnos qué hacer, más no nos ayudan en fondo e intervenciones reales”, remarcó.
Se evalúa, reconoció, acciones como endurecer multas y otras resoluciones aplicables a aquellas personas que de manera ilegal están entrando a Panamá, porque se está ante un asunto no solo humanitario sino de seguridad del Estado.
Además, valoran, la posibilidad de ‘vuelos chárter para devolver a los migrantes irregulares a sus respectivos países, pero para ello se requiere la autorización de las naciones y una labor de la Cancillería local por ser un tema diplomático.
RECORRIDO POR DARIÉN
En días pasados, una comisión de alto nivel del Gobierno, encabezada por el ministro Pino, recorrió la zona fronteriza entre Panamá y Colombia para conocer más de cerca la situación que se vive en la región.
Durante la gira, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, afirmó sentirse consternada y preocupada por el paso de 60 mil niños por la selva de Darién, y que de esos, hay 30 mil que tienen entre dos y siete meses de nacidos.
Panamá es la puerta de entrada a Centroamérica desde el sur, recibe a los migrantes en unas estaciones en las que toma sus datos biométricos y les ofrece asistencia médica y de alimentación, una operación única en el continente en la que ha invertido en los últimos años casi 70 millones de dólares, según el Gobierno.
Por su parte, cuerpos de seguridad del Estado como el Servicio Nacional de Fronteras desarrollan operaciones especiales e informan del rescate de migrantes abandonados en el trayecto de 266 kilómetros por traficantes o de la captura de algunos de criminales que asaltaron, violaron e incluso asesinaron a viajeros.
“APORTES” DE EEUU
Identificado como el principal país de destino de miles de migrantes irregulares que transitan por Panamá, el Gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar sus “aportes” para mitigar esos flujos.
La llamada ayuda humanitaria podría resumirse en dinero, leyes más restrictivas y militarización, aunque de esto último no ofreció más detalles la subsecretaria adjunta estadounidense de la Oficina de Población, Refugiadas y Migración del Departamento de Estado, Marta Youth.
Enviada a la IV reunión plenaria de las conferencias Regional y Suramericana de Migraciones, celebrada a puertas cerradas el miércoles último en esta capital, Youth precisó que Washington desembolsará 16 millones de dólares para 11 países sin mencionar cuales.
También admitió que el norteño país no puede atender solo la extraordinaria ola migratoria actual, por lo que las naciones de la región deben abordar en conjunto esta tragedia humana.
Youth obvió la aseveración del subsecretario adjunto de comunicación del Departamento estadounidense de Seguridad Interior (DHS), Luis Miranda, cuando también habló de reforzar la presencia de unidades policiales de Panamá y Colombia en esa zona.
Desde el pasado 12 de mayo, el gobierno del presidente Joe Biden levantó una norma sanitaria (Título 42) que bloquea a casi todos los migrantes sin documentos necesarios para entrar al país.
Washington aplica una recién aprobada ley que permite la expulsión con prohibición de reingreso durante cinco años y un posible procesamiento judicial, recordó Miranda.
En esos tres meses, Estados Unidos deportó a más de 145 mil personas, según datos oficiales.
«Quiero dejar en claro que continuamos aplicando la regla que anunciamos en mayo, con consecuencias para quienes no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos», recordó a la prensa el funcionario.
Recientemente el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, denunció que la migración irregular lo utilizan como pretexto para incrementar la presencia de bases militares extranjeras y apuntalar el control de los recursos naturales y de activos estratégicos como el Canal de Panamá.
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