Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Panamá
La posible anuencia entre el Ejecutivo y la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, ha vuelto a exacerbar los ánimos de los colectivos y las revueltas regresaron a las calles, como aconteció hace un año contra el alto costo de la vida.
El debate del texto en la comisión de Comercio y Asuntos Económicos -que se declaró en sesión permanente- con diputados y oradores a nombre de la sociedad civil tiene otra expresión en las afueras de la llamada Casa del Pueblo, en la cual universitarios, ambientalistas y organizaciones sociales desafían a unidades antimotines de la Policía Nacional.
Heridos por gases pimienta y balas de goma, detenidos temporales y la espiral de violencia, son los sellos de las recientes manifestaciones de rechazo a lo que estiman es un acto de traición, si los legisladores suscriben ese pacto que impulsa además la destrucción de la naturaleza en Donoso, provincia de Colón, donde está enclavada la mina de cobre más grande de Centroamérica.
AL INTERIOR DEL LEGISLATIVO
Opiniones a favor y en contra, por momentos acaloradas, signan las discusiones en la comisión legislativa, instancia que solo puede aprobar o rechazar el texto, nada de modificaciones.
En una de esas jornadas, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, Marcos Andrade, demandó la realización de un plebiscito para que el pueblo decida si le beneficia o no ese leonino contrato minero, expresó.
El Ejecutivo y la dirección de la compañía alcanzaron un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables por igual lapso para la explotación del mineral, pero también de oro y manganeso.
Según el Gobierno, ese pacto le daría ingresos anuales mínimos de 375 millones de dólares por regalías, a lo que Andrade señaló que la empresa sigue saqueando los recursos naturales violando la soberanía y con serios daños a la naturaleza.
“La Constitución obliga a los diputados a actuar en interés de la nación, piensen en sus hijos, en sus nietos, en sus familias, en el pueblo y el futuro de las nuevas generaciones”, insistió.
También afirmó que los verdaderos patriotas, como los mártires estudiantes de la gesta de enero de 1964, se mantendrán en las calles dispuestos a dar la vida, si fuese necesario, para defender los intereses del país al no permitir que ese convenio sea aprobado.
Otro vocero de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Saúl Méndez, secretario General el Sindicato de los Trabajadores de la Construcción, llamó la atención de que el contrato acarreará la destrucción del corredor biológico mesoamericano con daños irreversibles a la Naturaleza por la minería a cielo abierto.
Además de las 20 mil hectáreas que el Estado entrega al capital extranjero, también establece la concesión de otras tierras para seguir explotando cobre, oro y manganeso, entre otros minerales. Eso es inadmisible, aseguró.
Para el economista y estudioso del tema minero William Hughes, los diputados no deberían incurrir en la misma violación de sus pares en 1997 -durante el mandato de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999)- al sancionar ese pacto, para que en 2017 la Corte Suprema de Justicia lo declarara anticonstitucional, por incumplir con la licitación pública.
“Lo mismo que sucede ahora con Minera Panamá que opera de manera ilegal y sustrae recursos que le pertenecen a todos los panameños y además en flagrante violación de la seguridad jurídica”, remarcó.
Las deliberaciones en sesión permanente de la comisión legislativa tienen lugar en medio de protestas de grupos estudiantiles, trabajadores, ambientalistas y de colectivos populares que se mantienen en los alrededores de la Asamblea en demanda de que se rechace el contrato con Minera Panamá.
OTRAS VOCES, MÁS PROTESTAS
Sobre ese contrato, la educadora Amada Andrade recordó que ese proyecto ya fue impugnado en julio último por el Centro de Incidencia Ambiental ante el supremo de Justicia, pero sin resultado alguno, mientras la mina sigue operando, una expresión peligrosa de la inseguridad jurídica en el país.
El gobierno violó procedimientos para negociar por la vía directa con First Quantum. Nunca nos imaginamos, superado el status del enclave de la Zona del Canal, que impuso Estados Unidos y costó sangre su devolución a manos panameñas, que un Gobierno fuera tan lejos, al propiciar otro enclave en el corazón del territorio nacional, según señaló.
Para la pedagoga cuando el Ejecutivo termine su mandato a mediados de 2024, seguramente saldrán a la luz, detalles íntimos por la cual se plegó a esa transnacional extranjera.
El Consejo Nacional de Defensa de la Soberanía y la Paz denunció la controvertida intención gubernamental de imponer a la nación un acuerdo minero que va a contrapelo de los intereses nacionales.
En el orden económico esa agrupación señala que se opone al texto y denuncia el entramado familiar oligárquico que gira alrededor de los supuestos beneficios al Estado, lo que le vale a la empresa para escamotear al Estado el pago de dividendos e impuestos y crear una falsa idea de generación de empleos.
Además indica la seria devastación causada por la minería a cielo abierto por cuanto ella se concibe como una expansión sostenida sin límites en la que el uso del recurso hídrico es incontenible.
El asunto del contrato minero es acompañado además por decenas de otras manifestaciones de descontento social con el gobierno de Laurentino Cortizo, a poco meses de concluir su gestión.
En diversos puntos del país, los ciudadanos salieron a las calles ante la inacción del Ejecutivo de resolver sus problemas básicos, algunos acumulados, como la falta de agua, los constantes apagones, problemas de atención en salud, carencia de carreteras, invasiones de tierra y desalojos.
Muestra de ello fueron los recientes cierres de la avenida en el Puente de las América por moradores de la localidad capitalina de Veracruz, molestos por la persistente falta de servicio de energía eléctrica.
Además jubilados y pensionados continúan manifestándose en la provincia de Colón, para exigir retribuciones más dignas y acordes con la realidad económica que atraviesa el país.
También indígenas cerraron la vía Interamericana a la altura de Horconcitos, provincia de Chiriquí, para solicitar mejores condiciones sociales, como agua potable, en escuelas y vías de acceso.
Al respecto, el abogado Alfonso Fraguela, comentó que lo que se está viendo, es producto de que el país está agotado de un gobierno «sordo, ciego y mudo», aunque la propaganda institucional diga todo lo contrario.
Por su parte, el politólogo Richard Morales, compañero de fórmula de la candidata presidencial independiente Maribel Gordón hacia los comicios generales de mayo de 2024, el descontento responde a la incapacidad del Gobierno de atender las necesidades fundamentales de la población (agua, alimentación, transporte y recolección de desechos, entre otras).
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