El magistrado, Juan Carlos Checkley, supervisa las pesquisas de la Fiscalía por los posibles delitos de genocidio, homicidio agravado y lesiones a manifestantes durante las protestas iniciadas en diciembre de 2022.
Las pesquisas abarcan también al primer ministro, Alberto Otárola, quien era titular de Defensa y, por tanto, enlace entre el Gobierno y los jefes militares, así como otros exministros que ejercieron sus cargos en las primeras semanas del actual gobierno.
Las manifestaciones rechazaron el ascenso de Boluarte a la presidencia como sucesora del destituido y encarcelado Pedro Castillo, en su calidad de vicepresidencia.
Los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se niegan a entregar los planes de operaciones aplicados ante las protestas, que dejaron un saldo de 50 muertos.
Para su negativa a entregar la información requerida, los uniformados alegan que los documentos son secretos, indicó el abogado de los familiares de las víctimas, Carlos Rivera, quien negó que deben conocerse para establecer la verdad.
Por el carácter reservado de la audiencia anunciada, Checkley dispuso que solo participen los representantes de la Fiscalía de la Nación, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El juez escuchará las exposiciones y argumentos de las partes para que el juez tome una decisión que, según los familiares de las víctimas, debe ser una orden del magistrado a los militares para que colaboren entregando la documentación pedida.
En sus declaraciones ante la Fiscalía, según trascendidos de prensa, la presidenta Boluarte y Otárola declararon que no dieron a las tropas instrucciones de usar las armas ni manejaron las operaciones y que los militares y policías actuaron conforme a sus reglamentos y protocolos.
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