Tras la breve visita a la sede del Ministerio Público, el congresista de izquierda expresó que “no temo absolutamente a nada, he venido a mostrar nuestra buena voluntad”.
Informó que manifestó a los fiscales que lo atendieron que abre para sus indagaciones la confidencialidad tributaria, financiera y de sus comunicaciones telefónicas y telemáticas
Calificó como falsas las declaraciones de dos colaboradores de su despacho legislativo que lo inculpan como receptor de sobornos del alcalde del norteño municipio de La Unión y un empresario para que gestione la dotación de obras concertadas por estos y dijo que tiene pruebas de que sus acusadores no dicen la verdad.
Denunció igualmente que es objeto de persecución política y aseguró que jamás ha tenido contacto con el alcalde y el empresario y que le duele que funcionarios de su despacho hayan incurrido en actividades ilícitas y, presionados por la Fiscalía, lo inculpen.
Señaló que el invocado acoso político prviene de la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, de quienes es un duro crítico, locual ratificó al augurarles que cuando dejen el Gobierno terminarán en la cárcel por las muertes durante protestas sociales.
Ante el escepticismo de los reporteros sobre la persecución que denuncia, recordó que es además objeto de acusaciones en falso de la prensa adversa a los sectores progresistas y citó diversas falsas acusaciones mediáticas y políticas en su contra.
Mencionó, entre otros antecedentes, que ha sido juzgado dos veces por supuesta vinculación con un grupo armado y las dos veces el cargo ha sido archivado y recientemente se inició el tercer proceso por la misma causa.
Remarcó que jamás ha incurrido en casos de corrupción y ha tenido siempre una conducta transparente y añadió que “Si alguien de mi entorno o que ha trabajado conmigo comete este tipo de acciones, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos”.
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