De acuerdo con el informe del Ministerio Público, entre los principales acusados sobresalen los exministros de Obras Públicas entre 2009 y 2014, Federico Suárez y Jaime Ford, por solicitar coimas a empresas contratistas del Estado a cambio de facilidades para la ejecución y el cobro de proyectos de infraestructura.
En el caso de Suárez, la Fiscalía Anticorrupción aseguró que mantenía relaciones comerciales con Felipe Lechter, quien pactó un acuerdo de colaboración y aceptó haber sido receptor de dinero procedente de Blue Apple, unos 20 millones de dólares.
De acuerdo con las evidencias mostradas, las declaraciones de los empresarios Eduardo Di Bello, Julián París y Jorge Espino, cuyas compañías lograron contratos, fueron determinantes también en la imputación de Ford, pues los tres confesaron que entregaron fondos en concepto de “ayudas políticas”.
Con el dinero entregado a Ford, según la fiscalía, se realizaron compras de bienes inmuebles en el corregimiento de San Francisco, el Casco Viejo y en la provincia de Panamá Oeste.
La vista que encabeza la jueza Baloisa Marquínez, dilucida el desembolso de 80 millones de dólares que siete empresas que construían puentes, calles y viviendas para el Estado confesaron haber tenido que pagar en coimas durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014)
Los pagos por sobornos se repartían en un entramado de sociedades anónimas cuyo centro era la cuenta Blue Apple De este proceso ordinario han sido exonerados los hijos de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto, recientemente juramentados en el Parlamento Centroamericano, por lo que su caso fue transferido a la Corte Suprema de Justicia.
La investigación, que consta de 352 tomos, se inició el 30 de octubre de 2017 y tiene relación con una red de corrupción integrada por funcionarios, empresarios y abogados, que supuestamente solicitaban comisiones a contratistas para la adjudicación de licitaciones con el Estado.
Por este caso ya el juzgado dictó una sentencia de 10 años de prisión contra Adolfo de Obarrio, secretario privado de Martinelli.
Según la jueza, se probó que había tres esquemas para blanquear los dineros: sociedades anónimas para la compra y venta de bienes inmuebles; intermediarios financieros; y el uso de cuentas de recaudación.
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