La magistrada Elvia Barrios, se sumó a la corriente mediática y política mayoritaria, que rechaza la demanda de plano, y dijo que debe mantenerse la condena de 35 años que Víctor Polay, exjefe del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cumplirá a comienzos de 2026.
Sin embargo, señaló que se especula mucho sobre el tema y opinó que este debe tener una respuesta concreta y la demanda debe ser manejada por el juez que llegue a tomarla, con respeto al debido proceso.
La demanda fue presentada por el abogado y político socialdemócrata Javier Valle Riestra en 2007 ante la Comisión Interamericano y admitida en 2022 para su debate por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia preliminar de la correspondiente corte.
El exrepresentante de Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA) y embajador de carrera Harold Forsyth, coincidió con el analista internacional Juan Velit en señalar que el gobierno usa políticamente el tema.
“Es una forma de buscar réditos políticos ante una situación que ocurrió hace un año y medio”, dijo en declaraciones a la prensa.
Añadió que la CIDH, en última instancia, solo puede hacer recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio.
Velit sostuvo que la presidenta ha reaccionado en forma vehemente, reflejando que “hay un uso político del Gobierno de este caso para buscar el respaldo de la población” y el asunto podría solucionarse con una fórmula amistosa pactada por ambas partes.
El abogado de Polay, César Oloya, aclaró hoy, por encargo de su cliente, que este de ninguna manera aceptaría una indemnización por el daño que afirma haber sufrido al ser juzgado por corrupción, cuando considera que debio ser reo de rebelión, así como por otras violaciones de sus derechos jurídicos y por tortura.
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