El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la solicitud de la ex titular del Consejo de Ministros, cargo que ejerció hasta el intento de Castillo de disolver el Parlamento opositor el 7 de diciembre de 2022, y reorganizar el sistema de justicia.
Chávez permanece en un presidio común de mujeres desde el 22 de junio y pidió en agosto pasado ser investigada en libertad, argumentando para ello que había colaborado con las pesquisas y acatado la orden judicial de prisión preventiva por 18 meses.
Alegó también que había aguardado su detención en su casa de la sureña ciudad de Tacna, sin intentar evadir la acción policial de captura.
La ex primera ministra es acusada de los delitos de rebelión o conspiración al secundar el llamado golpe de Estado de Castillo, que no se hizo efectivo porque no lo apoyaron las Fuerzas Armadas y la Policía y esta más bien lo apresó cuando se dirigía a la embajada de México, según afirma, a dejar a su familia bajo protección diplomática.
El Poder Judicial ordenó su prisión preventiva por considerar el juzgado que existía el riesgo de fuga o que interfiera en las pesquisas si continuaba en libertad, posibilidad que ella niega.
Chávez asegura además que, si bien participó en la organización de la comparecencia televisiva en la que Castillo anunció las citadas medidas, no estaba al tanto de estas.
Por causas similares son también investigados los exministros de Castillo como el titular del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, aunque ambos en libertad. Ellos niegan también haber participado en el intento de disolución del Parlamento.
jha/mrs
