La medida fue aprobada por amplia mayoría por las bancadas de derecha y centro que controlan el Legislativo, y apunta a la destitución de los integrantes de la JNJ designados años atrás por el parlamento.
La medida es considerada una represalia contra la JNJ por investigar por denuncias de diversas irregularidades a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con quien se identifican esas bancadas y la prensa y los sectores de poder afines.
Un comunicado de la JNJ señala que la moción aprobada por el Legislativo apunta a que los siete miembros de la Junta “sean sometidos a proceso sumarísimo para su total remoción, a partir de imputaciones falaces y carentes incluso de los más leves indicios de falta alguna”.
Advierte que “la eventual remoción de sus miembros, sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”.
Dice también que el país está al tanto de las amenazas que recibe “sin más causa que el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales”.
La parlamentaria progresista Ruth Luque, a su vez, dijo que las bancadas derechistas se proponen someter al control del Congreso la JNJ y con ello el sistema de justicia para ponerlos al servicio de los intereses que representan.
Señaló que la situación es grave porque tal objetivo significa que los nuevos miembros de tan importante órgano de justicia sean nombrados por un parlamento desprestigiado (tiene más de 90 por ciento de desaprobación), muchos de cuyos miembros son investigados por la justicia.
Anteriormente, críticos y analistas han denunciado que las fuerzas derechistas están copando las instituciones del Estado mediante su poder parlamentario y ya tienen bajo su control a la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.
Con la designación de nuevos integrantes de la JNJ, sostienen, el sistema de justicia estaría completamente en sus manos.
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