En la elaboración de la normativa participaron más de 53 mil personas de todo el país y “se lograron acuerdos que nos permiten dar un paso crucial de calidad y pertinencia con una visión de modelo educativo de inclusión, de interculturalidad y de antirracismo”, subrayó la ministra.
Vergara dio a conocer la importancia del proyecto para garantizar el acceso a una educación de calidad, pertinente e incluyente para niñas, niños, jóvenes y adultos en cada una de las regiones de nuestro país sin importar su origen o condición social.
La iniciativa cuenta con 36 artículos distribuidos en seis capítulos se plantean novedades como el avance en la universalización progresiva del derecho a la educación desde la primera infancia hasta la educación superior.
Asimismo, plantea la ampliación del ciclo preescolar de la educación inicial de un grado a tres; el establecimiento de los alcances del derecho a la educación en distintos niveles; y la obligatoriedad expresa de la educación media y su articulación con la educación postmedia.
Igualmente, se fortalece la educación integral y se prioriza la enseñanza del deporte, las artes, las culturas y los saberes que busquen la reconciliación nacional, el antirracismo, la paz y la acción climática.
Además, establece una educación con enfoque territorial y equidad social que cierre las brechas en los territorios para las poblaciones más vulnerables, permitiendo a los habitantes rurales gozar de este derecho y dignificar los conocimientos y las formas de enseñanza de los pueblos afro, indígenas y Rrom.
Propende por el goce efectivo del derecho a personas con discapacidad, privados de la libertad, personas con talentos excepcionales y con trastornos específicos de aprendizaje y en condición de enfermedad.
«Logramos acuerdos que nos permiten presentar un proyecto de ley para dar un paso crucial de calidad y pertinencia, un modelo educativo que abra la puerta a la formación en condiciones equitativas”, expresó la ministra.
Esta nueva versión del proyecto de ley estatutaria, que fue presentada el pasado 20 de julio, acogió más de cuatro mil 500 aportes de ciudadanos, organizaciones e instituciones de educación básica, media, secundaria y posmedia, instituciones gubernamentales, actores y sectores sociales.
El proyecto nació de la petición que hicieron los actores del sector educativo durante el proceso de construcción de la reforma a la Ley 30 de 1992.
Pidieron no sólo legislar sobre la educación superior sino sobre todo el sistema educativo. Antecedente, que impulsó la decisión de elaborar un proyecto de ley estatutaria, legislación encargada de regular derechos y deberes fundamentales.
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