Desde febrero último esta nación centroamericana integra la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la UE y para mañana 15 de septiembre, se efectuará en Bélgica la reunión del llamado grupo Código de Conducta, un comité que decidirá cuáles países entran y salen de dicha relación.
De cara a esa consulta, el parlamento costarricense aprobó la semana pasada una ley que define que en Costa Rica rige la renta territorial, que implica únicamente gravar las ganancias o utilidades generadas en nuestro país.
Mientras, en el caso de las llamadas empresas de papel radicadas en el país, sí se les aplicará el tributo de la renta sus ganancias obtenidas en el exterior.
El presidente Chaves para el veto argumentó razones de oportunidad y conveniencia, pero sobre todo de conciencia patriótica. La iniciativa permitiría que grandes empresas con inversiones fuera del país no paguen impuestos, dijo en conferencia de prensa.
Esta ley representa e implica una afectación de recursos enormes a la recaudación del Ministerio de Hacienda. Es para beneficiar de manera clara e incontrovertible a gente muy adinerada en este país, subrayó.
Como la aprobó el Congreso, lo que hace es permitirles a esos grupos poderosos no pagar de manera injusta los tributos de una nación que no puede subirle los sueldos a los empleados públicos, que tiene peligros inminentes no resueltos en nuestras escuelas, puentes que se están cayendo y aun así permitiría exoneraciones enormes a esos grupos, subrayó. Chaves.
¿Por qué algunos diputados accedieron a regalar esos dineros? se interrogó Chaves. Yo respeto la separación de poderes y el Estado de Derecho, y lo que voy a hacer es ejercer la prerrogativa del veto parcial para que los diputados puedan reflexionar sobre su decisión y tengan la oportunidad de explicarle al pueblo de Costa Rica por qué toman esa decisión.
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