Tanto el alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, que tiene más de un millón de habitantes, como fuentes policiales, indicaron a primera hora que todo indica que fue una represalia porque el propietario del negocio se negó a seguir pagando cupos para que los extorsionadores no atenten en su contra.
El alcalde, Jesú Maldonado, lamentó que su servicio de vigilancia vecinal no puede impedir que las bandas de extorsionadores, sicarios y explotadores de mujeres se hayan apoderado de extensas zonas del mayor municipio del país.
El llamado servicio de serenazgo distrital, explicó, no tiene facultades para ejercer tareas policiales de acción contra los delincuentes, ni los medios adecuados, como el uso de armas de fuego, para hacerlo.
Maldonado señaló que lo sucedido, anoche, antes de la hora de mayor concurrencia de público a la discoteca, en la que hubiera causado muho más víctimas, confirma la necesidad de que el Gobierno declare a San Juan de Lurigancho en emergencia, lo que abre la posibilidad de que el Ejército refuerce a los policías.
Aseguró que la Policía no ha dado respuesta a sus constantes pedidos de desarrollar un plan contra la delincuencia organizada, que asola al municipio, y desarticular las bandas existentes.
Sostuvo que los mandos de la Policía Nacional están “absolutamente desconectadas de la realidad”.
Como prueba de ello, el alcalde dijo que el jefe de la Policía de Lima, general Roger Pérez, ha rechazado los pedidos del alcalde de declarar al municipio en estado de emergencia y de dotar de más cámaras de videovigilancia.
Deploró el hecho de que, además, ningún funcionario lo ha contactado para coordinar acciones contra la criminalidad que, según todas las encuestas, es considerada el principal problema del país.
El alcalde reconoció que teme que se rpitan las conmovedoras escenas de terror y sangre vividas anoche tras el atentado que dejó diez heridos, entre ellos dos menores de edad.
El Parlamento aprobó ayer las facultades extraordinarias pedidas por el Gobierno para legislar en materia de lucha contra la delincuencia, a lo que se opusieron legisladores de izquierda por considerar que contiene encubiertas medidas para la represión de protestas sociales.
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