Las manifestaciones llegaron hasta las inmediaciones de la embajada de Canadá en el istmo, en las que el secretario general de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), Alfredo Grael, acusó al Gobierno de violar la Constitución al suscribir un pacto con una trasnacional extranjera.
Sobre el contrato de concesión por 20 años prorrogables y que ahora debate el Legislativo en beneficio de la subsidiaria de la trasnacional del norteño país, First Quantum, el líder sindical señaló que el Ejecutivo hace caso omiso a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2017 que declaró ilegal ese convenio. Nos mantendremos en las calles, agregó, hasta derrotar ese leonino contrato que solo trae daños a nuestra naturaleza y a nuestra gente, indicó.
También los colectivos de la Alianza Pueblo Unido por la Vida repudiaron el texto frente a las instalaciones de la presidencia de la República.
Las acciones coincidieron con el anuncio de un segundo debate de ese convenio, luego que los diputados visiten áreas de la mina de cobre de Donoso(Colón), el próximo martes, para dialogar con sus obreros.
Al respecto, el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, señaló que si el Ejecutivo quiere imponer ese pacto ilegal, el pueblo movilizado quiere derrotarlo.
El excandidato presidencial en 2019, afirmó que los panameños deben ser consultados si realmente quieren un país minero, cuyo impacto compromete la salud y el medio ambiente.
El actual convenio con Minera Panamá cede espacio aéreo y territorio a empresas extranjeras y eso va contra la soberanía, agregó.
No queremos más enclaves coloniales como lo fue por años la zona del Canal, que el pueblo también con sus luchas en las calles le arrebató a Estados Unidos, remarcó.
De otra parte, en la semana, la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), Samira Gozaine, explicó que desde el 2 de octubre se implementarán en aeropuertos las nuevas medidas para contener los ingresos de viajeros irregulares por esa vía.
La funcionaria aclaró que la acción no afectaría a turistas ni a inversionistas, pues los oficiales determinarán en entrevistas quienes de esos pasajeros que arriban por terminales formales son víctimas de redes del crimen organizado.
EL SNM anunció antes entre las nuevas medidas la deportación de migrantes irregulares y la reducción de 90 a 15 días la estadía por turismo y el aumento del requisito de la solvencia económica a mostrar, de 500 a mil dólares, lo que suscitó críticas de sectores asociados a la industria del ocio.
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