El recorrido, según el equipo que encabeza el legislador Roberto Ábrego, está dirigido a ampliar una consulta ciudadana con trabajadores de Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum, cuya presencia aquí es catalogada como inconstitucional.
El pasado mes de marzo, el Gobierno y directivos de First Quantum suscribieron un contrato por 20 años prorrogables igual lapso y ahora sujeto a análisis del Legislativo, que otorga competencias a la minera, como control del espacio aéreo y terrestre, vistas por las agrupaciones como un atentado a la soberanía.
En una reciente comparecencia ante el pleno de la comisión en esta capital, la candidata presidencial por libre postulación, Maribel Gordón, explicó a los obreros de la mina allí presentes que su precaria situación laboral era utilizada como pretexto de los patronos para defender el leonino contrato.
Al intervenir en una sesión abierta a la sociedad civil la economista recordó que en 2017 el pacto fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido dijo que, en apego al deber elemental de defender los intereses nacionales, los parlamentarios deberían votar en contra de un contrato lesivo a la carta magna.
Advirtió además que no reconocerá un pacto que atenta contra la vida de los panameños y la biodiversidad de ese territorio enclavado en el Corredor Biológico Mesoamericano.
La académica también denunció que al procedimiento legal sobre la firma de este contrato se ha trastocado, pues no estuvo antecedido por una verdadera consulta ciudadana, en la que la población opinara y decidiera si conviene o no este pacto.
Ahora la Asamblea Nacional no tiene competencia ni siquiera para cambiar una coma del texto, pese a demandas sobre sus afectaciones al ambiente, la salud, el desarrollo y la vida, aclaró.
Además, rechazó prerrogativas otorgadas a la compañía en ese texto que la colocan por encima de los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo, lo cual hace que se imponga al país un enclave minero, que solo defiende los intereses de la empresa y sus extraordinarias ganancias.
La víspera, integrantes de la comunidad Ngäbe Bugle se declararon en alerta permanente ante el contrato minero y señalaron que la visita de los diputados al enclave podría generar nuevas manifestaciones en su contra.
Rogelio Montezuma, dirigente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales, subrayó que se hizo un llamado al Gobierno y solicitaron que desestime ese proyecto de ley o de lo contrario irán a las calles.
Por su parte, miembros del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Construcción se mantienen movilizados en diversos puntos del país en acciones de protestas contra el convenio, además para denunciar el despido reciente de 150 operarios de la mina, una señal de prepotencia de la trasnacional extranjera.
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