Deplora la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Juan XXIII de la Compañía de Jesús “(…) que los actores políticos con representación parlamentaria hayan politizado el tema de los abusos sexuales a niños y adolescentes en entornos eclesiales”.
Esta organización social está comprometida con el esclarecimiento y la sanción contra cófrades jesuítas que en esa y otras instituciones de Bolivia cometieron crímenes sexuales contra menores..
A través de un comunicado cuestionaron la decisión de 54 legisladores de no aprobar la madrugada de este viernes el proyecto de ley planteado por el Gobierno, lo que implica aplazar su tratamiento hasta la próxima legislatura a principios de 2024.
El proyecto denominado Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes establece la imprescriptibilidad de estos delitos, endurece sanciones contra los encubridores y crea una Comisión de la Verdad para investigar casos de violación dentro de la Iglesia Católica.
Fuentes gubernamentales informaron que la iniciativa legal fue enviada a la cámara legislativa en mayo, tras la publicación en el periódico El País del diario íntimo del fallecido (2009) sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas (alias Pica).
Exprofesor y exdirector del Colegio Juan XXIII, con sede en Cochabamba, en ese cuaderno Pedrajas reveló que violó al menos a 85 menores, la mayoría en ese centro docente religioso.
Tras este escándalo, se sucedieron numerosas denuncias en el país altiplánico contra religiosos comisores de este tipo de ilícitas y contra sus encubridores.
En el pronunciamiento se informa que mientras los diputados rechazaban el tratamiento del proyecto de ley, la Conferencia Episcopal de Bolivia realizaba un curso corto para fortalecer los llamados “canales de escucha”, proyecto creado con la finalidad de recibir las denuncias de abusos sexuales dentro de la iglesia.
“Con este tipo de cursos cortos de capacitación, el clero genera mayor impunidad y burla al sistema de justicia del Estado Plurinacional de Bolivia que -al ser laico y soberano- debe evitar que la llamada justicia canónica la sustituya”.
Los exalumnos advierten en el comunicado que quienes participan de la captación de víctimas para los denominados canales de escucha interna e investigación previa canónica, en la práctica “contribuyen a la impunidad y al encubrimiento”.
Según el texto, la decisión de los 54 diputados “favorece abiertamente los intereses de los grupos de poder eclesiales y, particularmente, de la Compañía de Jesús”.
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