De acuerdo con el catedrático William Hughes, las estadísticas sobre la extracción de cobre en Donoso (Colón) provienen de la subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum, lo cual las hace poco confiables.
Hughes, economista de profesión y con más de 30 años de estudiar el tema minero en el istmo, aseveró al diario La Estrella de Panamá que el primer problema de fondo en el debate del pacto es la fiabilidad de la información con la que se establece el impacto en los aspectos fiscales, laborales o económicos.
A juicio del catedrático de la Universidad de Panamá tener una sola fuente (la empresa) genera una distorsión en la discusión y arroja dudas sobre la postura gubernamental al asumir una posición “sin contraste” con datos propios o independientes.
Frente a esta opacidad, el experto cuestionó la relación de los salarios y como están distribuidos entre los trabajadores, altos funcionarios y ejecutivos.
En ese sentido señaló que de los dos mil 700 millones de dólares que la mina declaró haber ganado el año pasado, unos 98 millones fueron para salarios, pero algunos funcionarios recibieron hasta 20 mil dólares al mes, y los trabajadores unos mil 200, lo que no alcanza para asumir la canasta básica familiar.
Al respecto, argumentó que el Ejecutivo tiene la capacidad y el deber de garantizar el empleo, pero carece de un proyecto de desarrollo nacional que no implique destrucción socioambiental.
El economista coincidió en ese sentido con las organizaciones sociales y ambientales que piden rechazar el contrato minero e insistió en que las autoridades deberían apuntar a un modelo de crecimiento que plantee un desarrollo real y no depredador.
“No es solo si nos genera beneficios inmediatos o no, estamos hablando del daño ambiental, a la salud, vivienda, la contaminación y efectos futuros. El impacto de la mina no se ve a corto plazo”, remarcó.
Para Hughes la minería es una de las actividades que más destrucción causa y no se contabiliza.
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