La pasada semana incluso el presidente de la República, Laurentino Cortizo, adelantó que una alternativa ante el controversial pacto suscrito por el Gobierno y una empresa filial de la trasnacional canadiense First Quantum podría ser retirarlo del Legislativo.
Durante una gira de trabajo comunitario, el mandatario reveló ante periodistas que prefiere esperar el informe de los parlamentarios con los resultados de consultas ciudadanas y una visita a la mina de cobre de Donoso (Colón).
“Tan pronto se tenga ese informe, entonces entraría a tomar una decisión”, precisó el jefe de Estado, al reconocer que existe la posibilidad de que este contrato sea modificado, una acción similar a la que se hizo con una ley de Transparencias y Acceso a la Información Pública, cuestionada por los directivos de los principales medios de comunicación.
Para Cortizo existen precedentes de contratos ley que se han retirado para hacerles ajustes y sobre el pacto minero aseveró que no cree en el tema de una consulta no vinculante, ya que no tiene mucho sentido.
Ese texto es cuestionado por organizaciones sociales en manifestaciones callejeras y mítines de protesta contra un proyecto declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De su parte, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, presentó ante el Parlamento una querella penal por desacato contra Cortizo y la actual titular de la CSJ, la magistrada María Eugenia López, quienes han permitido que la mina siga operando pese a ese fallo del supremo.
Sobre el convenio, el académico y economista William Hughes explicó a Prensa Latina que las estadísticas sobre los beneficios económicos de la mina como regla vienen de la compañía extranjera, lo cual las hace no confiables.
A juicio del catedrático de la Universidad de Panamá tener una sola fuente (la empresa) genera una distorsión en la discusión y arroja dudas sobre la postura gubernamental al asumir una posición “sin contraste” con datos propios o independientes.
También coincidió con las organizaciones sociales y ambientales que piden rechazar el contrato minero e insistió en que las autoridades deberían apuntar a un modelo de crecimiento que plantee un desarrollo real y no depredador.
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