Por la misma razón, la jueza Baolisa Marquínez reprogramó la audiencia el pasado 31 de julio y la vista que antes sería del 1 de al 18 de agosto, pasó al 27 de septiembre y hasta el 17 de octubre.
Ahora la situación es similar, 24 horas antes, la letrada aún analiza las pruebas aducidas por la fiscalía y los defensores de los 36 imputados, entre ellos los expresidentes de la República, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
Para algunos analistas, de cara a comicios generales de 2024, el panorama favorece a Martinelli, quien es candidato presidencial del partido Realizando Metas y acaba de presentar a su esposa Marta Linares y exprimera dama como su compañera de fórmula, decisión que el Tribunal Electoral deberá validar.
Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que, hasta el momento, las partes del proceso no han sido notificadas del auto de pruebas a ser usado en el juicio y que, aunque el mismo sea expedido en la jornada, se debe cumplir con el trámite de notificación a la fiscalía y a todos los abogados defensores.
A ello se suma que dicho auto podría ser apelado ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, si alguna de las partes queda inconforme con la decisión adoptada por Marquínez sobre la admisión o rechazo de alguna prueba testimonial, documental o pericial.
En ese escenario, se desconoce cuándo podría ser reagendado el juicio de Odebrecht, ya que el tribunal tiene pendiente la audiencia por el caso Papeles de Panamá, programado para celebrarse del 13 de noviembre al 4 de diciembre de este año y con fecha alterna, del 15 de enero al 2 de febrero de 2024, según trascendió.
El equipo de fiscales del MP, integrado por Ruth Morcillo y Mahmad Daud, entregó al juzgado el pasado 24 de julio varias cajas con tomos de pruebas testimoniales, periciales y asistencias judiciales relacionadas con el caso.
Según conoció Prensa Latina los documentos forman parte de un expediente que contiene unas mil 67 páginas sobre la recepción de coimas provenientes de la constructora brasileña.
También refieren 127 asistencias judiciales procedentes de países como Suiza, Brasil, México, Mozambique, Andorra, España y Barbados, entre otros, así como más de 40 declaraciones de testigos.
Sobre el particular, la exprocuradora de la Nación, Kenia Porcell, nombrada en 2014 por Varela para un mandato de 10 años pero quien renunció en enero de 2020, dijo al diario La Prensa que el caso Odebrecht es una investigación histórica que marcó nuevos paradigmas en la persecución del delito y en la forma en que actúa el crimen organizado.
Para la exfuncionaria, este juicio “marcará un antes y un después” en la justicia panameña, porque nunca antes enfrentó una investigación de tal envergadura, de ahí la importancia de que lo que se decida sea apegado a derecho y que el único temor que existe sea el no actuar como corresponde.
En este juicio también deberán comparecer además los exministros Demetrio Papadimitriu (Presidencia), Jaime Ford y Federico Suárez (Obras Públicas), Frank De Lima (Economía y Finanzas), José Domingo Arias (Vivienda), todos de la administración de Martinelli.
Además, Carlos Duboy, quien fungió como titular y como gerente de Tocumen S.A. en la administración de Varela.
Ricardo Alberto y Luis Enrique, hijos del expresidente Martinelli, son otros de los llamados a juicio, aunque ya en mayo del año pasado fueron condenados por una corte de Nueva York a tres años de prisión, por lavado de dinero.
En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber entregado 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha prohibido la entrada a ese país a Martinelli, Varela y sus familiares inmediatos por corrupción significativa cuando gobernaron el país.
En la audiencia preliminar de este caso, el fiscal Mahmad Daud Hasan aseveró que Odebrecht, instalada en Panamá desde 2006, pagó más de 50 millones de dólares de sobornos a gobernantes, políticos e intermediarios, a cambio de contratos con el Estado panameño.
El caso se originó de una denuncia del excontralor Alvin Weeden, interpuesta el 18 de septiembre de 2015, que la archivaron; y luego del acuerdo entre la constructora brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, el escándalo fue reabierto un mes después.
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