El letrado, Juan José Quispe, lamentó la actitud de la mandataria, cuyo ascenso al cargo como sucesora del encarcelado y destituido Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, desató las protestas sociales con un saldo de medio centenar de caídos en disturbios.
Añadió que la mandataria, con su actitud, demostró “desprecio por la vida de los caídos en las protestas sociales y, sobre todo, está yendo contra un principio internacional, que es el derecho a la verdad que tienen las víctimas”.
La audiencia se realizó a puerta cerrada, pero trascendió que el interrogatorio duraría apenas 10 minutos, pues Boluarte dejó claro que, como ya respondió un interrogatorio anterior, se limitaría a declarar que reitera esas respuestas y se acogería al derecho de guardar silencio.
La reconstrucción periodística de lo sucedido indica que el fiscal interrogador, Carlos Huamán, desistió de continuar preguntando tras una primera interrogante no respondida por la gobernante.
El procurador del Estado y los abogados de las familias de muertos y heridos plantearon sus preguntas, pero Boluarte se negó a contestar, según su abogado, Joseph Campos, porque considera improcedente la participación de esos letrados en la diligencia.
Fueron 47 las preguntas del procurador y los abogados que el defensor Campos pidió que se omitan en las actas de la audiencia, pero la Fiscalía rechazó la solicitud.
La Fiscalía le preguntó si tenía algo más que decir y la presidenta solo ratificó su rechazo a los cargos de genocidio, homicidio agravado y abuso de autoridad.
Posteriormente, el abogado de Boluarte dijo que espera que la investigación se cierre, lo cual ha pedido con el argumento que no corresponde el cargo de genocidio y sostuvo que la negativa de su cliente a responder preguntas de la parte civil y la procuradoría se debe a que eran impertinentes.
Durante la audiencia, el fiscal Huamán anunció la decisión a ampliar a más casos las investigaciones y después compareció durante cinco horas el primer ministro, Alberto Otárola, quien era titular de Defensa en la primera etapa de las protestas, y ha negado también ser responsable de las muertes.
En los días previos fue interrogado por la Fiscalía durante cuatro horas el ministro del Interior, Vicente Romero.
De otro lado, el representante del gobierno peruano en la Organización de Estados Americanos, Gustavo Adrianzén, declaró a un diario local que la culpa de las muertes es de vándalos que causaron violencia.
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