La comisión de Comercio y Asuntos Económicos del Legislativo, que encabeza Roberto Ábrego, del gobernante Partido Revolucionario Democrática(PRD), evaluará ese texto declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin competencias para modificaciones, solo aprobarlo y pasar a segundo debate o rechazarlo.
Los parlamentarios enfrentan un análisis más complicado luego que la pasada semana incluso el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, adelantó que una alternativa ante el controversial pacto con la empresa filial de la trasnacional canadiense First Quantum podría ser retirarlo.
Durante una gira de trabajo comunitario, el mandatario reveló ante periodistas que prefiere esperar el informe con los resultados de consultas ciudadanas y una visita de los diputados a la mina de cobre de Donoso (Colón).
Para Cortizo existen precedentes de contratos ley que se han retirado para hacerles ajustes y sobre el pacto minero aseveró que no cree en el tema de una consulta no vinculante, ya que no tiene mucho sentido.
Ese texto es cuestionado por organizaciones sociales en manifestaciones callejeras y mítines de protesta.
La víspera, integrantes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida rechazaron el doble discurso del ministro de Ambiente, Milciades Concepción, quien participó en el II Foro Anual de Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, donde defendió los logros en la preservación de la naturaleza.
En ese evento, la destacada ambientalista Raisa Banfield, condenó que las organizaciones panameñas no fueron invitadas, lo cual habla de la hipocresía del Gobierno al tratar estos temas.
Vivimos una gran contradicción, explicó, pues ante el mundo defendemos que somos carbono negativo y la realidad es que tenemos una minería metálica con un contrato que permite avanzar más allá de la actual concesión.
La gran inconsistencia, opinó en diálogo con Prensa Latina, radica en que se nos habla de cambio climático, pero atentamos contra la biodiversidad de Panamá, que es clave para la región.
Las organizaciones sociales, que convocaron en la jornada a nuevas manifestaciones de protesta en las inmediaciones del Legislativo, presentaron antes una querella penal contra Cortizo y la actual titular de la CSJ, la magistrada María Eugenia López, que han permitido que la mina siga operando pese al fallo del supremo sobre la ilegalidad del pacto.
Sobre el convenio, el académico y economista William Hughes, un estudioso de estos temas por más de 30 años, dijo que coincide con las agrupaciones populares y ambientales que piden a los diputados que rechacen este texto e insistió en que las autoridades deberían apuntar a un modelo de crecimiento que plantee un desarrollo real y no depredador.
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