La víspera, el abogado norteamericano Thomas Becker y las víctimas de la masacre de octubre presentaron ante la prensa en esta ciudad el acuerdo de compensación alcanzado en un juicio civil en el país del Norte.
Se trata, según el abogado, de un hecho sin precedentes en el que un expresidente y su exministro de Defensa admitieron su responsabilidad por la masacre de octubre de 2003, por la cual los alteños los califican de “verdugos”.
“La sentencia es una gesta de nuestra lucha popular tras un largo juicio que se siguió en los Estados Unidos. Pero el tema está pendiente en Bolivia, en otro juicio”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.
Mayta insistió en que en 2003 ocurrió una masacre, producto del rechazo popular a la venta de gas a Estados Unidos por puertos chilenos a “precio de gallina muerta” en medio de las políticas neoliberales.
El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) huyó de Bolivia el 17 de octubre de 2003, cuando la movilización popular en la denominada “Guerra del Gas” se mostraba incontenible por la defensa de los recursos naturales y las muertes gestadas hasta ese momento.
“La gente se enalteció y terminó sacando al Gobierno -recordó Mayta-, obligando a renunciar a Sánchez de Lozada y sus colaboradores, como Carlos Sanches Berzaín, que se refugiaron en los Estados Unidos”.
Recordó que desde entonces los persigue la justicia boliviana por los delitos de lesa humanidad, y en dos décadas transcurridas las autoridades estadounidenses mantienen silencio a los requerimientos de extradición.
Como abogado de las víctimas, Mayta recordó que en 2005 se optó por iniciar una acción civil para resarcir el daño causado a las víctimas y sus familiares.
El proceso se inició en 2007 y tras varios años de juicio, en 2018, Goni y Berzaín fueron citados y sentados en el banquillo de los acusados “cara a cara” frente a los demandantes, quienes vieron cómo el jurado por unanimidad los consideraba culpables de las “ejecuciones extrajudiciales”.
Nueve familias en representación de las decenas de muertos y cientos de heridos llevaron adelante el proceso civil, iniciado el 5 de marzo de 2018 ante el juez de Estados Unidos, James Cohn, de la Corte Federal de Fort Lauderdale, Florida.
“Desde entonces vino el ciclo de apelaciones por la defensa, ‘Goni’ y Sánchez Berazain admitieron su responsabilidad por las muertes de octubre de 2003, lo que los obligó a negociar una compensación con las víctimas”, concluyó Mayta.
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