En una declaración motivada por la anulación, en agosto último, de la condena a 28 años de cárcel a dos empresarios madereros, como autores intelectuales de la masacre, 10 agrupaciones defensora de derechos humanos reclamaron justicia por la muerte de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo.
Los llamados “guardianes de la amazonia”, como se conoce a los líderes nativos que vigilan sus tierras protegidas por ley y denuncian la presencia depredadora de madereros furtivos, narcotraficantes y otros violadores de la ley, fueron torturados y asesinados cerca de la frontera selvática con Brasil, el primero de septiembre de 2014.
El pronunciamiento señala que el Ministerio Público y el Poder Judicial han actuado “con sesgo, demoras y falta de eficacia” en el caso, al condenar a los madereros solo por delitos menores.
Afirma que la nulidad de la condena, que revierte el juicio a su fase inicial, es “un duro golpe a la justicia, a la memoria y a la dignidad de las víctimas y sus familiares” y a los derechos de estos a la verdad, la justicia y la reparación.
También señala que los procesos han registrado retrasos e irregularidades “a pesar de que los presuntos perpetradores mantienen vínculos con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de tierras o la tala ilegal”.
Exige además al Estado peruano que cumpla con sus obligaciones internacionales de proteger y garantizar los derechos humanos de los defensores ambientales, así como de prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia y criminalización que sufren.
El comunicado incluye un pedido a la comunidad internacional que apoye y acompañe a las organizaciones indígenas y de derechos humanos que defienden el medio ambiente en Perú.
Tras recordar que las víctimas de la masacre habían denunciado amenazas de muerte sin obtener medidas de protección estatal, señala que tras la matanza ha habido otros crímenes impunes, como el del líder nativo Arbildo Melendez, asesinado en 2020.
La declaración internacional respaldó además iniciativas de los pueblos indígenas de auto protección contra las múltiples amenazas mortales que enfrentan.
La Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a las federaciones de comunidades amazónicas, denunció por otra parte que las amenazas a los dirigentes nativos que defienden sus tierras se extienden a otros territorios selváticos.
El dirigente de Aidesep Julio Cusurichi dijo que él y otros de sus compañeros son amenazados, pero advirtió que no los podrán intimidar, porque la asociación tiene una estructura de nueve organizaciones regionales, 109 agrupaciones de nivel local y tres mil 439 comunidades nativas.
“Somos conscientes que, en algún momento, vamos a estar, tal vez, en la relación de muertos, pero eso no nos va a intimidar”, declaró.
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