La audiencia por el mayor atraco de fondos públicos en el istmo, según analistas, previsto el pasado 27 de septiembre, quedó postergado para el 15 de julio al 23 de agosto del año próximo, y fecha alterna del 16 de septiembre al 25 de octubre.
En la vista por lavado de activos y corrupción de funcionarios, delitos asociados a sobornos de la constructora brasileña, aparecen 25 imputados, entre ellos los expresidentes de la República, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela ( 2014-2019).
La decisión de la jueza Baloisa Marquínez se adoptó luego de concluir con la valoración de todas las pruebas admitidas o rechazadas que serán presentadas y que han sido aducidas por la Fiscalía Especial Anticorrupción, los abogados defensores y el querellante particular.
En los comicios generales del 5 de mayo de 2024, Martinelli (que ya tiene una condena de primera instancia de más de 10 años de prisión, en el caso New Business) aspira a competir como candidato presidencial; mientras Varela, en tanto, aspira a un curul en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
En el caso Odebrecht están imputados exministros, testaferros, políticos y otros allegados al poder.
Entre las pruebas admitidas por la jueza está el acuerdo de pena acordado por Ricardo Alberto y Luis Enrique, hijos de Martinelli, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde aceptan la pena de tres años de prisión por haber cometido conspiración siguiendo órdenes de su padre para lavar las coimas de Odebrecht.
Los documentos forman parte de un expediente que contiene unas mil 67 páginas.También se refieren 127 asistencias judiciales procedentes de países como Suiza, Brasil, México, Mozambique, Andorra, España y Barbados, entre otros, así como más de 40 declaraciones de testigos.
En los últimos siete días trascendieron además diversas protestas contra la lentitud cómplice de investigaciones sobre la violación de una menor de edad, integrante de la Asamblea Juvenil del Parlamento, aún sin sospechosos y menos detenciones.
La directora de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senniaf), Graciela Mauad, instó al Ministerio Público a imprimir la celeridad necesaria para el esclarecimiento de estos y otros hechos en los que se ven involucrados niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual.
Mauad también llamó la atención a que en las redes sociales se ha divulgado los nombres y varias imágenes en las que aparece la diputada, lo cual es violatorio de la Constitución sobre el derecho a la intimidad e integridad personal.
Por su parte, la Red Nacional. de Apoyo a la Niñez, Adolescencia en Panamá y hasta la ministra de Educación, Maruja Gorday, indicaron que junto a una comisión especial de diputadas pedirán justicia para la estudiante que fue presuntamente abusada cuando participó de la XII Asamblea Juvenil.
Todos quieren una rápida respuesta de las autoridades que investigan qué pasó con la diputada juvenil que fue hospitalizada después de participar en el evento, que se celebró en la Asamblea Nacional, del 11 al 16 de septiembre último, con otros 141 estudiantes de todo el istmo.
El hecho fue denunciado por la madre de la joven hospitalizada el 19 de septiembre pasado y al inicio hubo silencio en torno a este tema.
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