La fecha dio pie a reflexiones diversas de las organizaciones del gremio, como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), para la cual la fecha, que evoca la fundación del Diario de Lima, el primero de octubre de 1743, se celebra en «circunstancias desafiantes” para la profesión.
Un comunicado de la ANP se refiere así al intento, para muchos aun latente, de recortar la libertad de información por parte de fuerzas conservadoras del Parlamento.
“El asedio permanente a quienes informan, demuestra que, tanto hoy como ayer, quienes pretenden acortar espacios democráticos lo primero que buscan es neutralizar el derecho a decir y saber”, señala el documento, que proclama la defensa del periodismo ante esas amenazas, como un proyecto de ley de penalización de la difusión en la prensa de convocatorias a protestas sociales.
Recuerda que en las protestas sociales antigubernamentales registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 -con un saldo de cerca de 70 muertes- hubo 270 actos de violencia, como golpizas y escopetazos de perdigones contra reporteros que documentaban la represión a las marchas.
La ANP consigna también como forma de hostilidad el intento fracasado de establecer un protocolo de cobertura periodística de protestas que daba a la Policía la potestad de limitar los movimientos de los reporteros.
El dirigente de la Red Nacional de Prensa de Provincias, José Luis Manrique, director de Red Nacional de Prensa de Provincias del Perú (RNPP) advirtió que las facultades otorgadas por el Parlamento al Gobierno para que legisle en materia de seguridad ciudadana, deja abierta la posibilidad de que el Ejecutivo dicte normas para criminalizar a la prensa, lo que es oficialmente negado.
Para Manrique, las amenazas apuntan a la llamada prensa alternativa, en la mira “porque transmitimos, evidenciamos y denunciamos a través de nuestro trabajo periodístico los abusos de las autoridades en las protestas” y sus reporteros son los que más agresiones han sufrido.
“De manera sistemática la policía nos ataca, nos exige ilegalmente presentar el carné del Colegio de Periodistas para poder cubrir protestas”, pese a que en Perú la colegiatura no es oligatoria.
La Coordinadora de Prensa Popular y Medios Alternativos, Betty Izaguirre, acusó al Gobierno de Dina Boluarte de asumir una conducta dictatorial al atropellar el derecho de esos reporteros de informar lo que sucede en Perú desde una óptica distinta a la de la mayoría de las empresas periodísticas.
“Hay un poder hegemónico que se ha impuesto y es el poder mediático, que orienta la opinión del pueblo hacia donde ellos quieren”, ocultando y distorsionando la realidad, señaló la dirigente.
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