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Denuncian a Procurador de Panamá por omisión de funciones

Ciudad de Panamá, 5 oct (Prensa Latina) La Alianza Pueblo Unido por la Vida presentó hoy en Panamá ante el Procurador de la Administración una querella penal contra el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, por omisión de funciones.

Hasta la sede de la institución pública llegaron los representantes de ese colectivo para rechazar la actitud cómplice de Caraballo, quien se niega a investigar los delitos ambientales y contra la salud humana cometidos por la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum, que extrae cobre de forma ilegal en Donoso (Colón).

En declaraciones a Prensa Latina, uno de los voceros de la alianza y secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, precisó que también presentaron similar recurso contra los directivos de la compañía, responsables materiales del robo de los recursos naturales del país.

Méndez aseveró antes que las organizaciones sociales y ambientalistas que repudian ese pacto, declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no cederán en su lucha en las calles hasta derrotar el leonino contrato, lesivo a la soberanía nacional.

La víspera Méndez denunció la maniobra del Ejecutivo al retirar ese proyecto de ley que se encontraba en debates en la Asamblea Nacional (parlamento), decisión adoptada como resultado de la presión popular, aseveró.

Retirar el proyecto no significa que hemos derrotado el contrato, es evidente que detrás hay una maniobra de querer decirle a la población de que con cuatro aspectos de ese texto recomendados a revisión -concesión del espacio aéreo, la potestad para expropiar tierras, facilidades en impuestos y no convertir en Ley Marco- se resuelve el problema.

Es un maquillaje con el cual no nos conformamos, remarcó el dirigente sindical y excandidato presidencial en 2019.

Los colectivos demandan además que se declare la moratoria minera, es decir, insistió, cesar la actividad de First Quantum y el saqueo y robo de los minerales, además del daño ambiental que genera esta actividad ilegal.

Además, exigen que se realice un debate público, democrático, televisado, para que la población acceda a toda la información requerida y después decida en las urnas si quiere que Panamá sea o no un país minero.

ro/ga

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