Preguntada al respecto en una conferencia de prensa, la presudenta Dina Boluarte se limitó a señalar que el Gobierno no ha recibido ningún pedido de indulto y, de presentarse, sería analizado por la comisión encargada, conforme al procedimiento establecido, y dio la palabra al ministro de Justicia, Eduardo Arana.
El titular dijo que el Ministerio a su cargo no ha recibido ningún pedido y que Fujimori solicitó al Poder Judicial que valide el indulto decretado en 2017 por el entonces gobernante, Pedro Pablo Kuczynski, que la Corte Suprema declaró ilegal.
En 2022, el Tribunal Constitucional acogió una apelación y declaró válida la medida pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que está adscrito el Estado peruano, se pronunció en contra, lo cual, según Arana, plantea una controversia entre ambas instancias.
Fujimori alegó ser inocente de las dos matanzas por cuya autoría mediata fue condenado.
El indulto, para el que argumenta su avanzada edad (86 años) e invoca problemas de salud cardíaco y pulmonar, requiere que el solicitante reconozca sus delitos y exprese arrepentimiento.
Entretanto, el expresidente Kuczynski defendió la decisión de indultar al exgobernante (1990-2000) y en negar que lo concedió a cambio de que una fracción de parlamentarios fujimoristas se abstenga de votar por su vacancia (destitución), la cual logró evitar.
Kuczynski renunció en marzo de 2018 a la presidencia debido al escándalo causado por la bancada parlamentaria fujimorista al difundir grabaciones de audio y video en las que elementos oficialistas ofrecían prebendas a legisladores del fujmoriamo para que no voten por la vacancia del entonces gobernante.
Aquel conflicto dejó una larga secuela de enfrentamiento, ya superada, entre Keiko Fujimori y su hermano Kenji, señalado como artífice del presunto acuerdo para el indulto a la postre fracasado.
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