La Sala Penal de Apelaciones especializada en delitos de corrupción redujo la pena inicialmente dictada en febrero de 2022 en primera instancia, que era de cuatro años, y cuya ejecución quedó pendiente de la ratificación dictaminada hoy.
La sentencia sostiene que Cerrón se coludió con una empresa para la construcción de un aeropuerto en la ciudad de Jauja, próxima a la centroandina de Junín, capital del departamento del mismo nombre del que era gobernador el dirigente izquierdista.
El fallo se fundamenta en que, según la acusación de la Fiscalía, el contrato se firmó sin que lo aprobaran organismos nacionales y centralizados de economía, aeronáutica y transportes y la gobernación pagó un adelanto de 0,5 por ciento del costo de la obra.
El exgobernador y dirigente político ha sostenido que el proceso y otros en marcha son producto de manipulación política contra él y su partido.
Tras el dictamen, la bancada parlamentaria del PPL rechazó la sentencia y señaló que confirma el uso político de la justicia para perseguir a Cerrón por su posición contraria al neoliberalismo.
En un comunicado, califica la sentencia como “totalmente abusiva y prevaricadora” y castiga al dirigente “por impulsar proyectos para el desarrollo de la región de Junín”, lo cual considera inadmisible.
El texto lamenta que el dictamen pretenda imponer discrecionalmente que Cerrón sea encarcelado por una pena inferior a los cuatro años, tiempo que normalmente se cumple en libertad condicional.
Por su parte el vocero de la bancada del PPL, Flavio Cruz, declaró que la condena es un golpe a Cerrón y a su partido y también a la regionalización, porque hace saber a gobernadores y alcaldes del interior que deben someterse a la capital.
Cruz añadió que si de verdad hay justicia en Perú, la Corte Suprema, a la que apelará el exgobernador contra la condena, se pronuncie de otra manera, con mayor reflexión, aunque el daño ya está hecho.
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