“Se me está sancionado por el ejercicio del derecho constitucional a criticar”, sostuvo en declaraciones públicas en las que calificó como abusiva y arbitraria la sanción recibida de la Autoridad de Control del Ministerio Público por supuesta violación de la Ley de Carrera Fiscal y los códigos Procesal y de Ética.
Precisó que la decisión de la Autoridad de Control forzó la sanción, pues activó un proceso abierto en su contra en 2020, por criticar la decisión judicial de revocar la prisión preventiva, por presunta corrupción, de la dirigente neoliberal Keiko Fujimori.
Vela no descartó que parta de ese hecho una venganza en su contra, aunque anotó que el equipo de fiscales que coordina procesa también los casos de otras figuras políticas y por ello enfrenta además intereses mediáticos y poderosos estudios de abogados.
Entre esas investigaciones y acusaciones figuran las que atañen a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, entre otros, y la indagación al exgobernante Alan García, quien se suicidó cuando estaba a punto de ser detenido, en abril de 2019.
El fiscal suspendido llamó la atención sobre el hecho de que el jefe de la Autoridad de Control, fiscal Carlos Muñoz, haya dictado la sanción en su primer día en el cargo y se extrañó de que pudiera estudiar el complejo expediente en cuestión de horas.
No se refirió a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien firma el documento de la sanción y que, pese a que se le considera inspiradora del castigo y quien hoy sostuvo que el fiscal Muñoz es autónomo y que la suspensión a Vela no se aplica hasta que una instancia superior la confirme, por lo que sigue en funciones.
El fiscal sancionado sostuvo que la medida en su contra busca que se retire del Ministerio Público, al privarlo del salario con el que subsiste, en vista de que solo la Junta Nacional de Justicia, a la que está enfrentada Benavides puede destituirlo.
“Como no pueden destituirme, quieren obligarme a renunciar”, dijo, a tiempo de anunciar que apelará contra la sanción y considera la posibilidad de reclamar contra la misma en el Poder Judicial.
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