La Corte Superior de Lima anuló una medida cautelar dictada por un tribunal menor que ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que deje de investigar a Benavides en ejercicio de sus facultades de nombrar, investigar y destituir a jueces y fiscales.
Las pesquisas son motivadas por denuncias de irregularidades como la de retirar a fiscales claves de la investigación a una red de corrupción judicial y relevar a otro que investigaba a la jueza Emma Benavides, hermana de la fiscal de la nación, por dar libertad a un narcotraficante extranjero.
La corte que anuló el bloqueo a las investigaciones argumentó que la decisión favorable no fundamenta la afectación de sus facultades y derechos invocada por Benavides para pedir el bloqueo de las pesquisas.
El fallo coincidió con una conferencia con la prensa extranjera, en la cual la presidenta de la junta, Imelda Tumialán, defendió la corrección y la legalidad del desempeño de la JNJ, ante un proceso a sus siete integrantes iniciado por el Parlamento, cuya mayoría conservadora apoya abiertamente a la fiscal Benavides.
Sobre la posibilidad de que ese proceso afecte la independencia del sistema de justicia, dijo que la defensa de esa independencia puede tener un alto costo, pero es la mayor contribución qu la junta debe hacer al bienestar y el progreso del país.
El integrante de la junta Aldo Vásquez dejó en claro que los investigados están seguros de que la destitución total o parcial de los miembros de la JNJ no prosperará porque las acusaciones de faltas graves carecen de fundamento y estas, en todo caso, deberían ser precisadas anteladamente en un procedimiento que no existe.
Vásquez afirmó que, en caso de concretarse el objetivo de los impulsores de la destitución, se quebraría el orden constitucional y los afectados apelarán a instancias jurídicas internacionales a las que está adscrito el Estado peruano.
Recordó que un dictamen internacional repuso décadas atrás en sus cargos a miembros del Tribunal Constitucional que habían sido cesados arbitrariamente por una mayoría parlamentaria que quedó sumida en la vergüenza.
En otro frente, el fiscal coordinador de casos de corrupción de altos funcionarios por empresas brasileñas, Rafael Vela, criticó duramente la suspensión por ocho meses que le aplicó el órgano de control interno por presunta falta grave.
Sin mencionar a la fiscal Benavides, Vela calificó como “una bota en el cuello”, un abuso y una arbitrariedad urdida en las sombras la medida aplicada, a quien encabeza un grupo de fiscales a cargo de grandes casos de corrupción que involucran a expresidentes y otros altos personajes políticos.
Dijo que la medida no solo afecta los importantes casos en juego, sino también su dignidad y advirtió que utilizará “todos los mecanismos que la ley prevé para combatir ese abuso y arbitrariedad”.
El influyente periodista César Hildebrandt comentó en días pasados que las investigaciones a Vela y su colega e integramte del mismo equipo, José Pérez, apunta a “frustrar y dinamitar” grandes casos de corrupción como el de una red de jueces, fiscales, políticos y empresarios.
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