El primer ministro, Alberto Otárola, anunció que el Consejo de Ministros aprobó un decreto que impone esa medida de excepción en el distrito limeño de Lince, en especial para combatir los delitos de explotación sexual, trata de personas y extorsión, que campean en ese municipio.
“Queremos preservar la seguridad y la vida de los peruanos y de los negocios y queremos combatir de manera radical el proxenetismo, la prostitución clandestina, las extorsiones y la trata de personas”, dijo el Otárola.
El ministro del Interior, Vicente Romero, reveló que la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, es objeto de amenazas de muerte, por lo cual la Policía ha reforzado su seguridad.
El primer ministro recordó que el estado de emergencia conlleva que el control del orden interno queda a cargo de la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
La medida rige desde el mes pasado en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres y en la provincia norteña de Sullana, y desde la semana pasada en el llamado Cercado de Lima, que abarca al Centro Histórico y sus alrededores.
El Gobierno afirma que el estado de emergencia, que incluye operaciones de verificación de identidad de automovilistas y pasajeros de autobuses urbanos, da resultados, pues el índice de delitos se ha reducido, pero la población mantiene su escepticismo, según una encuesta de la empresa Datum.
El sondeo estableció que el 64 por ciento de la población opinó que la medida, la cual suspende garantías constitucionales como los derechos de libre tránsito, reunión y inviolabilidad domiciliaria y autoriza detenciones sin orden judicial, no cambiará la situación de inseguridad ciudadana y solo 23 por ciento cree lo contrario.
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