Por Mariela Pérez Valenzuela
Corresponsal jefa en República Dominicana
En días recientes, el canciller Roberto Álvarez afirmó ante el Senado que no es necesario resolver a ese nivel el dilema del canal que construyen los vecinos, aun cuando Santo Domingo lo considere “ilegal”.
Invitado por la Cámara Alta para informar sobre la situación en el área donde convergen el Masacre (para haitianos) y Dajabón (dominicanos), Álvarez refirió que aún no se ha llegado a ese punto.
No obstante, el Gobierno demanda e insiste en la paralización de la obra por el riesgo medioambiental y económico que representa, en tanto asegura que en ningún momento ese país presentó un estudio técnico, ni información sobre los objetivos e impacto del proyecto.
Entre las razones esgrimidas para mantener la polémica en un contexto bilateral, Álvarez planteó que a Haití -con una emigración alarmante ante la crítica situación interna-, llegará en unos meses una fuerza internacional, comandada por Kenya, para tratar de aniquilar las bandas mafiosas que controlan el 70 por ciento del territorio nacional, pero sin que hasta ahora se conozca un plan de reestructuración local a futuro.
En ese contingente, según fuentes oficiales, habrá militares de unas 15 naciones, entre ellos, varios del Caribe.
Se estima que en esta nación residen cientos de miles de haitianos, en tanto cada día llegan a las fronteras -ahora cerradas en su totalidad-, miles de personas en busca de refugio, aunque en su gran mayoría son devueltas.
El gobierno del primer ministro Ariel Henry solicitó esa presencia extranjera a la ONU y a Estados Unidos, la que fue aprobada por el organismo internacional con 13 votos a favor y dos abstenciones (Rusia y China).
En su cuenta de X (Twitter), al conocer la noticia, el presidente Luis Abinader calificó la decisión como un “significativo avance para la pacificación de Haití”.
El embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasily Nebencia, sostuvo que la historia de Haití incluye muchos casos de interferencia extranjera irresponsable, lo cual dio lugar a la espiral de violencia que no ha logrado superar durante años, y calificó de “extrema” la medida, aun cuando la solicitud naciera de las autoridades de ese país.
Mientras, el embajador de China, Zhang Jun, manifestó que le costó aceptar que la resolución apele al capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, ya que “siempre ha tenido un enfoque cauto y responsable en lo referente a la soberanía estatal y la no interferencia en asuntos internos”.
Cierto es que la población haitiana ha sufrido varias intervenciones militares de potencias extranjeras, como Estados Unidos en contubernio con Francia. Han sacado presidentes electos, como Jean Bertrand Aristide, en dos ocasiones.
La presencia durante 13 años en el territorio más pobre del hemisferio occidental de una fuerza multinacional, los llamados Cascos Azules de la ONU, dejó tras de sí una estela de muerte; evidencias sugieren fuertemente que fueron quienes introdujeron el cólera, amén de abusos físicos y sexuales contra hombres, mujeres y menores de edad.
Sin contar con el pueblo del líder de la rebelión esclava en Haití, Toussaint Louverture, al parecer una gran parte de la comunidad mundial considera que solo la nueva acción injerencista regulará la espiral de violencia implantada por pandilleros que pretenden controlar la ruta interna del narcotráfico.
En estos momentos esas agrupaciones, afirma la prensa de Puerto Príncipe, comete como mínimo 18 ataques diarios contra personas e instituciones.
Pero hay que considerar también que Haití, con poco más de 11 millones 400 mil habitantes, de ellos casi dos millones en el extranjero y más de un millón de desplazados internos, posee riquezas naturales que no se mencionan en los acuerdos de los invasores, entre ellas petróleo, uranio y metales raros de altísimo valor. Un aliciente más para la mediación foránea.
La posición de República Dominicana es clara. El dignatario ha dicho en reiteradas oportunidades que los problemas internos de los haitianos –hambre, pobreza, violencia, carencia de derechos humanos, desigualdad social, inseguridad-, deben resolverlos ellos mismos y que Santo Domingo no puede hacerse cargo de la problemática de esa nación.
A fin de garantizar la seguridad nacional, según sus propias palabras, Abinader mandó a construir el año pasado una verja fronteriza de 164 kilómetros de carretera de doble vía para facilitar el patrullaje en la zona, y el pasado 15 de septiembre, a raíz del conflicto en el río Dajabón, cerró las fronteras terrestres (de 390 km), aérea y marítima.
Especialistas estiman que la economía de los dos países se resiente ante las medidas del gobierno quisqueyano. Pierden mano de obra barata y el comercio de compra y venta en la frontera, que emplea a unas seis mil personas, el 51.1 por ciento haitianos y el resto locales.
A una pregunta de Prensa Latina al vocero de la Presidencia de República Dominicana, Homero Figueroa, sobre qué pasará si el cierre se prolonga, respondió que el presidente autorizó un grupo de acciones para auxiliar a los productores locales y a los ciudadanos afectados. En ese sentido, entre otras disposiciones, el Ejecutivo entregó cheques por un monto de siete millones 352 mil 763 pesos (unos 123 mil dólares) para atender las necesidades de los comerciantes afectados.
Todo indica que en las próximas semanas las medidas en la frontera se podrían flexibilizar una vez que entre en funcionamiento el canal La Vigía en el río Dajabón, cuya construcción el Gobierno retomó a raíz del conflicto, con el objetivo de garantizar el acceso al agua a los productores.
El jefe de Estado advirtió que, aunque las disposiciones se ajusten, los controles en la zona serán mayores y no se otorgarán visas a ciudadanos de la vecina nación.
Del otro lado de la línea divisoria se ubica S&H Global S.A, una de las textileras que más empleos genera en ese empobrecido país, la cual anunció que suspenderá sus funciones de manera temporal debido a la caída de pedidos tras el cierre de la frontera.
En ese contexto, y con mirada expectante, la situación de La Española es muy delicada.
Al diferendo en la frontera por el río Dajabón se suma que la posibilidad de una nueva intervención militar extranjera en Haití se torna inminente.
La pregunta es, ¿los soldados que penetrarán la parte haitiana no quebrarán las fronteras dominicanas? ¿Qué haría entonces Abinader?
arb/mpv
