“Con este protocolo estamos generando confianza y resguardando la seguridad de niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables”, afirmó en conferencia de prensa Sandra Carvajal, responsable del Centro de Atención y Escucha a las Víctimas de Abusos, de la congregación.
Informó la Compañía de Jesús que debido a las denuncias de pederastia y abusos sexuales realizó una auditoría para evaluar y actualizar los protocolos de prevención incluidos en su política de Ambientes Sanos y Seguros. Abusos y Violencia.
Comentó que la conclusión de este documento demoró ocho meses y contó con asesoría externa.
Un reportaje investigativo publicado el 30 de abril por el periódico El país, de España, con las revelaciones incluidas en el diario del cura Alfonso Pedrajas (1943-2009) sobre sus crímenes sexuales y el encubrimiento de sus superiores originaron un escándalo de alcance internacional.
Según las confesiones del propio Pedrajas (alias Pica), en Latinoamérica él abusó de al menos 85 menores de edad, la mayoría en Bolivia.
La onda expansiva atravesó inmediatamente el océano Atlántico y provocó en el país altiplánico las denuncias de las víctimas a otros supuestos guías espirituales, por lo cual el Ministerio Público inició investigaciones y allanó las oficinas de la Compañía de Jesús, en medio de protestas públicas contra la Iglesia.
Figuran en la lista de pesquisados los fallecidos Pedrajas, Alejandro Mestre (secretario de la Conferencia Episcopal de Bolivia), Antonio Gausset; Carlos Villamil, Luis Roma; Francisco Pifarré y Jorge Vila.
Otros investigados como encubridores y que todavía viven son Marcos Recolons y Ramón Alaix.
A todos ellos se sumó en fecha más reciente el caso de Jorge Luis Machicado (alias Coco) encarcelado preventivamente en Tarija.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, negó la cooperación de la Iglesia católica en las pesquisas sobre crímenes sexuales cometidos durante años por sacerdotes pederastas, pese al supuesto apoyo de la Compañía de Jesús.
“Recordarán que la Iglesia católica ha remitido anteriormente este diario a la Fiscalía; pero con borrones y hemos evidenciado nosotros que esos borrones corresponden a nombres, fechas y lugares”, denunció Lanchipa ante medios periodísticos.
Consideró la máxima autoridad del Ministerio Público en Bolivia que esta acción expresa un incumplimiento del compromiso eclesiástico de cooperar en la investigación, y más bien constituye una obstrucción en contra del esclarecimiento de los hechos.
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