En declaraciones a la prensa, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marcos Andrade, y uno de los voceros de ese colectivo aseveró que la acción de las organizaciones sociales y ambientales responde a la aprobación por el Ejecutivo de una modificaciones a ese pacto.
Los cambios realizados en el Consejo de Gabinete al texto, resultado de protestas por todo el país; y luego remitido al Legislativo para su aprobación, dijo, no responden a los problemas más importantes planteados por el pueblo como los daños al medio ambiente que ocasiona la mina de cobre en la localidad de Donoso( Colón).
Ese texto, recordó, fue declarado anticonstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
Exigimos que se cierre la mina, se declare moratoria a la actividad extractiva y se realice una verdadera consulta popular para que la población decida si quiere o no un país minero, subrayó la alianza antes en un comunicado.
La víspera, el Consejo de Ministros aprobó una serie de modificaciones al contrato suscrito con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum sobre cuatro puntos fundamentalmente entre ellos la potestad de expropiar tierras ajenas a la concesión.
De esa manera, según el Gobierno, se garantiza que Minera Panamá solo puede explorar, extraer y explotar cobre y sus minerales asociados en el área de concesión en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, sin la facultad de extraer minerales fuera de esta zona.
Asimismo se eliminó del contrato la cláusula que permitía a la compañía solicitar restricciones al espacio aéreo, se eliminó la potestad de ley marco y que el proyecto solo aplica a Minera Panamá.
El Estado mantiene todas sus facultades constitucionales y legales de fiscalización y monitoreo, y no hay límites al número de funcionarios que pueden realizar esas funciones, según las modificaciones.
Incluso se incluyó una cláusula reafirmando que nada en el contrato restringe ni limita la soberanía de la República de Panamá sobre su territorio.
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