Durante la primera de esas manifestaciones, integrantes de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas recorrieron las principales arterias de la capital para recordar que el 12 de octubre no es de celebración sino un día de luto y dolor; e insistieron en la resistencia para lograr se respeten los derechos humanos.
Los máximos líderes indígenas manifestaron que es lamentable que después de 531 años el mundo occidental insista en que hay que celebrar la llegada de los colonizadores a este continente, justificando la triste historia de discriminación, genocidio y masacre.
El presidente de la Coordinadora, Marcelo Guerra, dijo a la prensa que se sigue viviendo la discriminación y el racismo contra la cultura y las tradiciones.
Ante sus demandas, dijo, el ministro de Gobierno, Roger Tejada, se comprometió a hacer gestiones para que e 12 de octubre sea declarado Día de Reflexión, aunque a esta administración apenas le quedan siete meses.
El funcionario admitió que se deben impulsar acciones para que se cumpla con los acuerdos del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Panamá.
Por su parte, agrupaciones sindicales, estudiantiles, sociales también tomaron como punto de partida el emblemático parque Belisario Porras para iniciar la caminata que concluyó en el Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo).
Voceros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida como Marcos Andrade, Saúl Méndez y Jorge Guzmán, precisaron a Prensa Latina que fue objetivo de la movilización entregar al jefe de Estado un documento sobre las razones del creciente rechazo al contrato suscrito con la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum.
En ese texto, al que tuvo acceso esta agencia informativa, se señala que ese pacto lesivo a la soberanía nace con un pecado original y es que en 2017 la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional por realizar contratación directa a una empresa extranjera sin el debido proceso de licitación, lo que ahora reiteran y quieren imponer al pueblo.
Asimismo, fustiga la maniobra del Ejecutivo al introducir modificaciones al texto, luego de un proceso de consulta ciudadana de la Asamblea Nacional (parlamento) que bajo la presión del pueblo en las calles se vio obligado a devolverlo, violando sus propias normas cuando debería rechazarlo o aprobarlo.
Las modificaciones en apenas cuatro puntos de 63 cláusulas, según la Alianza, son simples y no cambian la esencia de un contrato de concesión que permite el robo de los recursos naturales y severos daños al medio ambiente, la salud humana y las comunidades aledañas a la mayor mina de cobre de Centroamérica como Donoso y Omar Torrijos (Colón), según el documento.
Antes en conferencia de prensa, Méndez adelantó que ante el camino de la confrontación escogido por el Ejecutivo, el próximo sábado los dirigentes de todas las organizaciones sindicales, comunales, estudiantiles, campesinas, originarias, sociales y ambientalistas del país anunciarán nuevas acciones contra el contrato minero.
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