“Lo grave de toda esta situación, más allá de los riegos que representa, es que estamos no solamente generando un riesgo país a la inversión extranjera, sino también poniendo en riesgo la provisión de energéticos para el país”, advirtió en conferencia de prensa el ministro del sector, Franklin Molina.
Subrayó el titular que esos tres entendimientos petroleros fueron avalados, en primera instancia, por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su firma.
Criticó, sin embargo, que sin justificativo la Cámara de Senadores aprobó “la moción de aplazamiento para el tratamiento de los PL Número 320, 321 y 322, relacionados a contratos de servicios (…) suscritos entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Vintage Petroleum Boliviana Ltd. (Sucursal Bolivia)».
Describió que se trata de tres contratos de servicios de exploración y explotación, suscritos por YPFB con esa corporación, que viabilizan la inversión superior a los 500 millones de dólares.
Según Molina, el primer entendimiento se refiere al área Sayurenda, localizada en Tarija y suscrito el 20 de enero de 2023.
Prevé una inversión de 57,4 millones de dólares; 35,5 billones de pies cúbicos (BCF por su sigla en inglés) de recursos recuperables; 2,8 millones de barriles (MMBBL) y 162,3 millones de dólares de renta petrolera.
Se desarrollará el segundo en la zona Caraidanti, en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, que fue firmado el 20 de enero de 2023.
De acuerdo con lo pactado, Vintage ejecutará 194 millones de dólares en inversión; proyecta lograr 163,1 BCF y 10,9 MMBBL en recursos recuperables, además de una renta petrolera de 650,9 millones de dólares.
El tercer contrato corresponde al área Yuarenda, ubicada en el departamento de Tarija, fue suscrito el 20 de enero de 2023, y en él se prevé una inversión de 252 millones de dólares; la obtención de 171,3 BCF y 12,80 MMBBL de recursos recuperables.
Asimismo, se prevé una renta petrolera de 701,1 millones de dólares.
Estos acuerdos viabilizan inversiones destinadas a las actividades establecidas en el Plan del Upstream (exploración y explotación) en la búsqueda de nuevos recursos hidrocarburíferos con el objetivo de incrementar la producción y las reservas.
Insistió el ministro en que no existe justificación para postergar el debate de los contratos petroleros y advirtió móviles políticos.
Subrayó que quienes ponen estos frenos no se dan cuenta de que afectan a la población y al país, que desde 2015 registra una baja en la producción de hidrocarburos por la falta de inversiones en exploración, y esto podría generar una “situación crítica”.
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