De acuerdo con un comunicado de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, ese reclamo entre otros, será entregado a la Presidencia de la República, al término de una marcha popular que partirá esta tarde desde el emblemático parque Belisario Porras, en esta capital.
En declaraciones a Prensa Latina, uno de los voceros de ese colectivo, Marcos Andrade, fustigó la más reciente decisión del Ejecutivo de aprobar modificaciones al contrato suscrito con Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum Minerals (FQM), que consideran lesivo a la soberanía.
El también secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente precisó que, ante decenas de violaciones, incluido los daños que ocasiona al ambiente con la contaminación de ríos y la deforestación de los bosques en la región aledaña en Donoso (Colón) por la extracción de cobre, oro y molibdeno, el reclamo es que FQM cese las operaciones de inmediato y se cierre la mina.
Ese texto, recordó, fue declarado anticonstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
La víspera, el presidente de la República Laurentino Cortizo alabó las supuestas bondades del contrato y dijo a periodistas en una gira de trabajo que el pacto es bueno para el país, en alusión a los ingresos al Estado de 800 millones de dólares, por los pagos correspondientes al 2022 y a este año.
El Ejecutivo había anunciado que un importante porcentaje de esas entregas serían destinadas al programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, en actual crisis financiera; y podría beneficiar, según el mandatario, a 114 mil jubilados.
Para las agrupaciones sociales, como en otras ocasiones, todos estos anuncios son parte de una maniobra para imponerle al país un contrato que esperan derrotar en las calles.
Entre las modificaciones del nuevo texto, según la Presidencia, sobresalen que se elimina las potestades dadas a la compañía para controlar el espacio aéreo y expropiar tierras ajenas a la concesión.
El Estado mantiene todas sus facultades constitucionales y legales de fiscalización y monitoreo, y no hay límites al número de funcionarios que pueden realizar esas funciones, según los cambios. El pasado 5 de octubre, la alianza presentó ante el Procurador de la Administración una querella penal contra el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, por omisión de funciones.
Según los lideres populares, Caraballo se niega a investigar los delitos ambientales y contra la salud humana cometidos por la empresa Minera Panamá.
También presentaron similar recurso contra los directivos de FQM, responsables materiales del robo de los recursos naturales del país.
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