Uno de los voceros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Saúl Méndez, señaló en conferencia de prensa que los colectivos lamentan que el Ejecutivo haya tomado el camino de la confrontación, al anunciar modificaciones hechas al texto con el fin de que lo apruebe la Asamblea Nacional ( Parlamento).
Ante esa situación, dijo, los dirigentes de las principales organizaciones sindicales populares y ambientalistas del país anunciaremos el próximo sábado nuevas acciones contra ese pacto con la trasnacional canadiense First Quantum Mineral (FQM), lesivo la soberanía nacional, indicó.
El también secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) recordó que ese convenio fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2017, debido a que se realizó sin una licitación previa.
Lo mismo hace ahora la administración de Laurentino Cortizo, precisó Méndez, que se burla y actúa siguiendo las reglas de familias como el “Clan Boyd”- en alusión a uno de los principales impulsores del contrato, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd.
También el ilegal procedimiento, dijo, se hace ante la mirada cómplice de la CSJ, que encabeza la magistrada María Eugenia López, que hace caso omiso al fallo de hace cinco años sobre la ilegalidad de ese texto.
El contrato que quieren imponer los vendepatria, los diputados, magistrados y pequeñas élites empresariales afecta la salud de la población, inquieta a los moradores de las localidades de Donoso y Omar Torrijos( Colón) done está enclavada la mayor mina de cobre de Centroamérica y daña al medio ambiente, además de que permite el saqueo de los recursos naturales, aseveró.
La soberanía del país, dijo, no solo está comprometida con el control del espacio aéreo sobre la mina que aseguran está entre los cambios al texto, sino sobre todo en las 20 mil hectáreas concedidas a las que se suman otras cuatro mil hectáreas que se robó FQM, fuera de la concesión, lo cual es inadmisible, remarcó.
Ya solicitamos la moratoria a la minería, una consulta popular que se trasmita por televisión para que luego en las urnas los panameños decidan si quieren o no un país minero y hasta querellas por desacato presentadas ante la CSJ que incluso rechazan. Ello no deja más opción que tomar la calles, según explicó.
Méndez reiteró que a la marcha popular que llegará esta tarde a la Presidencia de la República y otras en Chiriquí y Azuero, para manifestar su rechazo al contrato, se añadirán nuevas acciones de presión, de las cuales se recuerdan las de julio de 2022 contra los altos costos de la vida que paralizaron al país y obligaron al Ejecutivo a establecer una mesa de diálogo para contener la crisis social.
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