El letrado Carlos Torres, quien representa a las familias de 18 de los 21 caídos en la región surandina de Puno, bastión de las protestas, señaló que las medidas tomadas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, corresponden a una estrategia dilatoria de entorpecimiento de las pesquisas.
Como prueba de ello, dijo que Benavides designó recientemente por cuarta vez a una fiscal encargada del seguimiento de esas indagaciones.
“Esa es la estrategia que están usando para dilatar todo este proceso», aseveró, coincidiendo con otras opiniones políticas y jurídicas y con reclamos de los familiares de las víctimas.
Cuestionó la orden de realizar parte de las diligencias en Lima, pese a que Juliaca, ciudad puneña donde ocurrieron las 18 muertes, se encuentra a mil 270 kilómetros de la capital y la fiscal Benavides creó para el caso una fiscalía de derechos humanos en Puno.
Según Torres, la Fiscalía no respeta el debido proceso, pues la escena del crimen está contaminada por la demora de la intervención del Ministerio Público, que debió iniciarse en las primeras semanas de lo ocurrido, el 9 de enero pasado.
La mayoría de las muertes de Juliaca se registraron durante un intento de manifestantes de tomar el aeropuerto de esa ciudad y fueron repelidos por tropas y policías, pero además, videos y otros testimonios muestran a los uniformados disparando a civiles en fuga en las cercanías de la terminal aérea.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a más de 70 instituciones dedicadas al tema, ha denunciado que militares y policías incurrieron en actos que califican como ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reclamado al Gobierno peruano explicaciones y que investigue las muertes y juzgue a los responsables.
El Ejecutivo reclamó contra ese emplazamiento y comentarios de la prensa local consideran que esa actitud y lo pendiente del esclarecimiento fueron decisivos para que fracase el intento del Gobierno de que el país sea elegido miembro del citado Consejo como uno de los representantes latinoamericano.
El diario La República comentó que esa derrota se debe en parte a la situación de las investgaciones y la ausencia de sanciones por las violaciones de derechos humanos y la airada respuesta del Gobierno a la preocupación de la ONU por el intento del Parlamento conservador, de desituir a los miembros del Consejo Nacional de Justicia.
La protestas estallaron tras el ascenso a la Presidencia de la República, por sucesión, de Dina Boluarte, el 7 de diciembre de 2022, en reemplazo del preso y destituido Pedro Castllo, y la mandataria y sus ministros niegan responsabilidad en las muertes, al igual que los mandos militares.
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