La nueva de presión tendrá lugar de pasar a segundo debate en el Legislativo un pacto considerado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), precisaron en la más reciente reunión de dirigentes de los colectivos que integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida.
También las organizaciones sindicales, magisteriales, estudiantiles y populares de esa agrupación anunciaron manifestaciones la próxima semana en las inmediaciones de la Contraloría General de la República y permanecer en sesión permanente para recrudecer las protestas en caso necesario. Voceros de la Alianza como Marcos Andrade, Saúl Méndez y Jorge Guzmán, precisaron a Prensa Latina que antes entregaron una carta dirigida al presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la que explican las razones del amplio rechazo al convenio con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, lesivo a la soberanía.
En ese texto se señala que el pacto nace con un pecado original, expuesto en el fallo de la CSJ hace cinco años por realizar contratación directa a una empresa extranjera sin el debido proceso de licitación, lo que ahora reiteran y quien imponer al pueblo.
Asimismo, fustiga la maniobra del Ejecutivo al introducir modificaciones al documento, luego de un proceso de consulta ciudadana de la Asamblea Nacional (parlamento) que bajo la presión del pueblo en las calles se vio obligado a devolverlo, violando sus propias normas cuando debería rechazarlo o aprobarlo.
Las modificación en apenas cuatro punto, según la Alianza, son simples y no cambian la esencia de un contrato de concesión que permite el robo de los recursos naturales y severos daños al medio ambiente, la salud humana y las comunidades aledañas a la mayor mina de cobre de Centroamérica como Donoso y Omar Torrijos ( Colón); y La Pintada (Coclé), según la misiva.
Por su parte, Méndez adelantó que ante el camino de la confrontación por el que apuesta el Ejecutivo, las organizaciones sabrán derrotar el leonino contrato minero en las calles.
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